Dentro del tratamiento y elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código de Planificación y Finanzas Públicas para Asegurar Presupuestos Incrementales en Salud y Educación, la Comisión de Régimen Económico escuchó los aportes de Olga Núñez, subsecretaria de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.
La funcionaria destacó que los recursos con los que cuenta el Estado son limitados y por ello se debe priorizar las asignaciones de acuerdo con los planes de desarrollo aprobados por el gobierno. Enfatizó que el Ejecutivo está comprometido con la educación y la salud. Puntualizó que realizan un trabajo organizado que no afecte la liquidez del Estado para cumplir con obligaciones adquiridas en años anteriores.
Afirmó que el manejo presupuestario presenta inflexibilidad, ya que solamente el pago de salarios requiere alrededor de 9 mil millones de dólares.
Advirtió que es necesario garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Recordó que el artículo 287 de la Constitución de la República establece que toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. “El desfase en el presupuesto se origina porque muchas asignaciones no tienen una fuente de financiamiento establecida”, dijo.
De su lado, los comisionados expusieron sus criterios en referencia a los aspectos a tomar en cuenta para evaluar el cumplimiento del presupuesto sobre lo ejecutado y no sobre lo gastado; y señalaron la necesidad de fortalecer el sistema de recaudación de impuestos impagos y minimizar la evasión.
El proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que está orientado a que los presupuestos para los sectores salud y educación sean incrementales, regula el cálculo para la asignación de recursos y garantizar el cumplimiento de la meta constitucional de los mínimos presupuestarios de 6 % y 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para educación y salud, respectivamente.
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