En el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Seguridad Privada, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral escuchó las observaciones de autoridades de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior, así como de la empresa PROSEGUR - Tevcol.
El presidente de la mesa legislativa, Ramiro Narváez, tras destacar que es fundamental que todos los segmentos de la sociedad colaboren para trabajar en la prevención del delito, informó que en el país existen más de 1.500 empresas de seguridad, 232 mil guardias capacitados, y cerca de 70 mil en funciones.
El sector ha crecido significativamente, entre otros motivos por la inseguridad que vive el país, de allí la importancia que se constituya en un aliado estratégico para prevenir el delito, para lo que trabajan en la normativa legal para apoyar, supervisar y regular.
En representación del Ministerio de Defensa participaron Amílcar Alvear y Diana Vásquez, quienes forman parte de la Comisión de Legislación Militar. Alvear al resaltar que es una ley importante para el país, expuso sus observaciones respecto al control del uso de armas, permisos de operación de las empresas de seguridad privada y el retiro de armamento. Al respecto, expresó que el tema ya es regulado en la Ley de Control de Armas.
Así mismo, sostuvo que las disposiciones que norman a las empresas de vigilancia y seguridad privada que en el ejercicio de sus tareas utilizan armas de fuego deben estar articuladas a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización, Almacenamiento y Tenencia de Armas y su Reglamento, mientras que Diana Vásquez sugirió que en el proyecto se incorpore la vigilancia, como parte de la seguridad privada.
Pedro Jijón, subsecretario del Orden Público, del Ministerio del Interior, comentó que la seguridad privada es un fenómeno exponencial de vertiginosa velocidad creciente, como consecuencia de la inseguridad. Informó que existen 1500 compañías de seguridad, 97 centros de formación, 232 mil guardias registrados, de ellos 64 mil están laborando y 507 vehículos blindados registrados.
Comentó que estas compañías están en diversas provincias del país, de allí la necesidad de dictar la norma legal para ejercer control y regulación del sector, a la vez que reiteró que de 25 mil guardias que existían en 2012 hoy están registrados 232.727, cifra que se podría duplicar con los guardias informales, lo que significa que el sector abarca a cerca de un millón de personas si se considera a sus familias.
Expresó que resulta preocupante que haya cuatro guardias de seguridad privada por cada policía, ante lo cual sugirió crear la Agencia de Regulación y Control del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para evitar la informalidad y proteger la vida y los derechos de los trabajadores y brindar garantías a la comunidad.
Por último, Diego Merino, representante de la empresa PROSEGUR, al agradecer la apertura de la comisión para escuchar las propuestas y observaciones, sugirió ampliar la definición de transporte de valores que también tiene incidencia en seguridad. Para ello expuso los mecanismos y procedimiento para cumplir ese objetivo.
En cuanto a las inhabilidades para ser socios o miembros de los centros de formación, propuso que se incluya a las personas que hayan tenido sentencia ejecutoriada por un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)
La seguridad privada al momento es normada por una ley vigente desde el año 2003, que resulta obsoleta y no se ajusta a la realidad que vive el país, ni a los avances en el campo tecnológico.
PV
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