En el marco del análisis del proyecto de reformas a ley que establece rentas a favor de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua la Comisión de Garantías Constitucionales citó a los representantes del Gobierno y las municipalidades para aclarar detalles técnicos y económicos en cuanto a la asignación y uso de los recursos generados por la venta de energía generada en estas provincias.
Las interrogantes de la comisión dirigidas a las autoridades del sector energético se enfocaron en conocer los valores que se han entregado a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en los últimos cinco años; si el Ministerio de Finanzas está al día en la entrega de estos recursos; y, a qué obras o instituciones se ha asignado el 40% que se entregaba al desaparecido CREA, entidad que debía invertir en la ejecución de obras y en programas de forestación y reforestación en la cuenca del río Paute.
El gerente de CELEC, al no contar con la información requerida por la comisión legislativa, se comprometió a entregar por escrito los valores correspondientes a la facturación de los últimos cinco años por venta de energía de las centrales hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán y los valores que corresponden a las provincias beneficiarias.
Por su parte el representante del Ministerio de Finanzas aseguró que desde el año 2017 al 2022, la facturación de las tres centrales hidroeléctricas mencionadas se ha mantenido estable, y que los valores asignados a las provincias son de alrededor de 6,32 millones anuales, que representa el 60% del porcentaje contemplado en la Ley 047. En cuanto al 40% restante de esta asignación comentó que se ha canalizado a través de Planifica Ecuador en el Presupuesto General del Estado.
Los asambleístas Juan Lloret y Sofía Sánchez insistieron en la necesidad de clarificar el destino de este 40% restante, que no se ha entregado a los GAD desde la desaparición de CREA en el año 2009, y pidieron que se detalle el uso de esos recursos por parte de Ministerio de Finanzas, ya que el espíritu de la Ley 047 es que estos fondos vuelvan a las provincias donde se genera energía, para que se inviertan en infraestructura y conservación de las cuencas hídricas.
Por parte del Ministerio de Energía se hicieron algunas observaciones en cuanto al alcance del proyecto de ley, ya que este contempla las centrales hidroeléctricas de las provincias, en tal virtud no solo habla de las tres que contempla la ley, sino que incluye las nuevas que se han construido.
En la parte final la representante de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas sugirió cambios en el texto de proyecto de ley, para abarcar un grado mayor de acción en cuanto al uso y destino de los recursos que se reciben por concepto de esta ley.
FF/pv
