Ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social compareció Luis Verdesoto, consejero anticorrupción, quien fue llamado para que explique de manera detallada el régimen de control de los consejeros presidenciales y consejeros ad honorem.
A esta reunión también fueron convocados Roque Sevilla, Luis Coloma, Aparicio Caicedo, Andrea Balda y Carlos Jijón. Sin embargo, presentaron sus excusas. En este sentido, la asambleísta Pamela Aguirre, quien solicitó las comparecencias, manifestó que un servidor público es toda persona que preste servicios remunerados o no, que tenga un cargo, función o dignidad y que como tal tienen la obligación de rendir cuentas de su trabajo.
Expresó que es necesario conocer el trabajo que cumplen estas personas, así como las funciones encomendadas por el Presidente de la República, entre otros aspectos.
Además, la legisladora Sofía Espín resaltó la decisión de la mesa legislativa de iniciar este proceso de fiscalización respecto de la legalidad de la figura de los consejeros ad honorem de la Presidencia de la República, que no está contemplada en la legislación ecuatoriana.
Además, por iniciativa del legislador Ricardo Ulcuango se exhortó al Contralor General del Estado a que realice un examen especial a los informes de cada uno de los consejeros ad honorem y se haga una auditoría de cumplimiento de actividades y uso de bienes públicos.
En el tema, Luis Verdesoto informó que a la comisión remitió el instrumento público básico de los funcionarios públicos que rinden cuentas con el informe de labores en un período determinado, con el fin de establecer la responsabilidad de su labor, de acuerdo con la ley y los reglamentos correspondientes.
Comparecencia del CPCCS
En otro ámbito, la mesa legislativa recibió a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que presenten la información sobre el concurso de méritos y oposición para designar algunas autoridades de control.
Hernán Ulloa, presidente del consejo, manifestó que, en virtud del reglamento que se aprobó para la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos, cumplió cada una de sus fases con la revisión documental, el proceso de impugnación y finalmente la toma de una decisión.
Aseveró que no se ha prestado a ningún tipo de maniobras, con el fin de evitar que se antepongan intereses personales, mientras que la vicepresidenta, María Fernanda Rivadeneira, mencionó que las actividades se ajustan estrictamente al derecho y a las normas legales y constitucionales.
Informó que, en lo que respecta a los concursos para la selección del Superintendente de Bancos, el país entero conoce que fue elegido por la mayoría del Pleno del Consejo y luego esa decisión se notificó a la Asamblea Nacional.
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