La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió aportes al estudio del proyecto de Ley para la Acción Voluntaria, con el propósito de recoger criterios y opiniones de los sectores vinculados con la gestión que realiza el voluntariado en Ecuador respecto de la normativa indispensable para el ejercicio de sus actividades.
Inicialmente, el capitán Christian Abad, del Cuerpo de Bomberos de Manta, se mostró favorable al trámite de este proyecto de ley, ya que es necesario contar con un instrumento jurídico que garantice la gestión de todos los organismos que trabajan en la atención de emergencias y desastres y, en este sentido, también de las organizaciones y entidades de voluntariado.
De su lado, Rocío Vergara, coordinadora del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas en Ecuador, detalló la evolución histórica del voluntariado, tanto a nivel global, cuanto en Ecuador. Explicó que este sector debe ser visto como un complemento a las fuerzas que realizan la acción de ayuda a los sectores vulnerables. El voluntariado es un aporte para las estrategias de reducción de la pobreza y mejorar el desarrollo económico y social, subrayó.
Integrar el voluntariado en la Agenda 2030, para lo cual los estados deben generar un ambiente propicio para el desarrollo de gestión de los voluntarios, lo que requiere de un marco jurídico que garantice su trabajo; generar y crear plataformas para la inclusión de este segmento en programas, políticas y planes de atención a los requerimientos de la población.
Julio Benítez, de la fundación Ecuador Voluntar, informó que el proyecto Ecuador voluntario tiene por objetivo la construcción de política pública sobre esta materia y está dispuesta a contribuir, no solo con la visión particular, sino con la participación de varias organizaciones relacionadas con el voluntariado. Para el efecto, dijo, se creó un portal que contiene el proyecto de ley y los aportes de diversas entidades al respecto.
Lo importante de este proceso, dijo, es relacionar las acciones de voluntariado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para potenciar su accionar en las distintas áreas de servicio en las que se desempeñan más de 24 mil voluntarios a nivel nacional.
De su lado, Xavier Alvarado, de la Fundación Telefónica Movistar, coincidió en reconocer la importancia de impulsar una normativa para articular el marco jurídico con las organizaciones de voluntariado en el Ecuador. Es necesario concentrarse en una visión colectiva en corresponsabilidad solidaria con los deberes cívicos de todos los ciudadanos, añadió.
Reiteró que esta ley debe tener no solo un enfoque de derecho, sino también de interculturalidad, intersectorial, inclusivo, de género e igualitario y, a la vez, incorporar el concepto de entidades de voluntariado o entidades que realizan actividades de voluntariado.
Al cierre de la presentación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 58, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el organismo, con el voto unánime de los siete presentes, resolvió solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, otorgue una prórroga de 90 días para completar el proceso previo a la redacción del informe para primer debate del proyecto de Ley para la Acción Voluntaria.
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