La Comisión de Educación escuchó la opinión de diversos actores sociales y autoridades públicas, en torno al proyecto de reformas a la Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (CEAACES).
En este contexto, intervino Daisy Mancillo, representante del Consejo de Educación Superior (CES) y presidenta de la Junta del Fideicomiso creado para determinar el patrimonio de las universidades cerradas que sirve a su vez para cancelar los pasivos a favor de extrabajadores, las acreencias y transferir, en caso de que hubiera excedentes, a favor de las instituciones beneficiarias.
La funcionaria recordó que el fideicomiso fue constituido en el año 2017 y el objetivo es la venta de los bienes que conforman el patrimonio de las universidades extintas y realizar el pago a los extrabajadores, deudas con el IESS, SRI y otras instituciones públicas.
Indicó que se han propuesto algunos cambios a esta ley que permitirá que el fideicomiso sea más viable, considerando que existen algunas contradicciones que han impedido que se pueda cumplir de manera más ligera y oportuna.
Informó que en este mes se pudo completar los documentos para la enajenación de bienes, algunos de ellos considerados bienes públicos, por lo que se regirán al reglamento correspondiente, según las directrices de la Procuraría General del Estado. Sostuvo que este proceso lleva tiempo y no se alcanzará a cumplir en los cinco meses propuestos para enajenar los bienes.
Así mismo, Nilo Nenger, delegado de la Junta del Fideicomiso, agradeció el interés de la comisión de abordar el tema, ya que han llegado pedidos de extrabajadores y empresas a las que deben las universidades cerradas, para lo que tienen la esperanza de recuperar estos recursos.
Entre tanto, Emerson Chicaiza, extrabajador de UNITA, dijo que han pasado 10 años del cierre de estas universidades y tiene compañeros que todavía no han cobrado sus haberes; otros, en cambio, han fallecido y “la mayoría nos hemos quedado en el desempleo”, por lo que demandó respeto sus derechos laborales.
El legislador Ramiro Frías se solidarizó con los exempleados de estos centros educativos cerrados y planteó algunas inquietudes a los miembros de la Junta del Fideicomiso, tendientes a conocer cuántos bienes aún no están registrados y cuántas universidades han sido cerradas definitivamente.
El presidente de la comisión, Manuel Medina, resaltó que desde la mesa legislativa han emprendido un proceso responsable por la educación en el análisis de este proyecto de ley con la participación de los diversos actores inmersos en la problemática.
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