La Cámara de Comercio de Ambato fue sitio de encuentro de hombres y mujeres, colectivos ciudadanos, autoridades públicas y privadas para escuchar los comentarios y propuestas en torno al cumplimiento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, enfatizo que la visita a territorio, permite a los legisladores acercarse a los mandantes, a fin de promover procesos de fiscalización y construcción de normas con espacios participativos e incluyentes que involucren a la ciudadanía en un diálogo directo.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato, Cristina Hernández, destacó la importancia que la Asamblea y sus comisiones se trasladen a territorio para escuchar las propuestas de la gente.
Evelyn Yucailla, del Colectivo Valientes, expresó su preocupación por el incremento de los niveles de violencia, especialmente en los hogares. Puso como ejemplo que en la época de pandemia, el sistema ECU 911 no alcanzó a atender las alertas por violencia intrafamiliar. Sugirió considerar las diversidades y a las personas con discapacidad o de pueblos y nacionalidades que en muchas ocasiones no están en capacidad de trasladarse a las oficinas correspondientes a presentar las denuncias. Invertir en salud mental para prevenir la violencia, fue otra de sus propuestas.
De su lado, la legisladora Jhajaira Urresta, explicó que en la visita a las provincias han identificado problemas comunes, como la falta de presupuesto, falta de operación de jueces y fiscales, pues se han topado con fiscales que tienen título de odontólogo o jueces con título de periodista o maestro parvulario, lo que evidencia improvisación profesional para la atención a las víctimas de violencia.
La legisladora Mónica Alemán recordó que en Ambato se realizó la primera reunión con la que arrancó el proceso de aprobación participativa de la ley, que no tiene carácter punitivo, sino que prioriza la prevención, atención y reparación.
Maritza Gamboa, activista de derechos humanos, enfatizó que a la ciudadanía le interesa que las autoridades defiendan los derechos de las mujeres, pues la ley tiene algunos años de vigencia y los niveles de femicidio aumentan en el país y muchos niños quedan en la orfandad. Coincidió con las inquietudes de otros expositores sobre la falta de presupuesto para hacer efectivo el Plan de Erradicación de la Violencia, por lo que la Secretaría de Derechos Humanos debe explicar en qué invierte los recursos.
Cristina Montero, del ECU 911 de Tungurahua, expuso datos estadísticos sobre violencia intrafamiliar en la provincia, mismos que pueden servir como insumo para la toma de decisiones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
En representación del pueblo Kichwa de Quisapincha, Clara Torishina, advirtió que en la comunidad rural no cuentan con medios tecnológicos, lo que dificulta acceder a los servicios como el ECU 911 ante actos de violencia. También pidió fortalecer la acción de los cabildos para prevenir la violencia y asegurar la atención y reparación a las víctimas y sus familias.
Gloria Yanchatuña, de la parroquia Izamba, enfatizó que es necesario socializar con las mujeres el contenido de la ley, para que conozcan los derechos y beneficios, así como qué hacer o ante quien acudir si son víctimas de violencia.
Finalmente, el presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, ratificó el compromiso de la Legislatura de continuar trabajando en defensa de la mujer, las niñas, niños y adolescentes.
PV
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