La Comisión de Fiscalización y Control Político avocó conocimiento y calificó la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas Salvador Maita y Mireya Pazmiño en contra de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa por incumplimiento de funciones.
Los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana son acusados de una presunta ausencia de transparencia en el proceso de designación del cargo de Superintendente de Ordenamiento Territorial.
También se les imputa una supuesta arrogación de funciones por incluir en el orden del día de la sesión ordinaria No. 3 del Pleno del Consejo el debate de la reforma al reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
Con 5 votos a favor y 4 abstenciones, la Comisión de Fiscalización calificó la solicitud de juicio político.
Luego de la votación, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, suspendió la sesión, por lo que los miembros de la mesa serán convocados oportunamente para avocar conocimiento y calificar una segunda solicitud de juicio político. Esta vez en contra de los siete consejeros de Participación Ciudadana, interpuesta por los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo.
En esta ocasión, el presunto incumplimiento de funciones tendría relación con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, posibles irregularidades en el proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial; y, por conflicto de intereses para la designación del Defensor del Pueblo, César Marcel Córdova.
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