La inclusión de la provincia insular de Galápagos en el proyecto de Ley de Desarrollo Integral Fronterizo fue tema de debate en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Para ello conoció el oficio enviado por el Consejo Nacional de Competencias y escuchó las propuestas de los legisladores que representan a esa región en la Asamblea.
El Consejo Nacional de Competencias, en comunicación dirigida a la comisión, sostiene que de acuerdo con los artículos 249 y 258 de la Constitución y 104 del COOTAD, la provincia de Galápagos no puede ser incluida en el ámbito de aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo.
Al respecto, el asambleísta Fredy Rojas enfatizó que Galápagos enfrenta serios problemas que afectan a la población, como la falta de agua potable, por lo que solicitó que se la incluya en la ley en referencia, como un mecanismo para mejorar la calidad de vida de los habitantes. La realidad es crítica, detrás de la flora y fauna única también existimos personas que necesitamos un trato diferenciado, señaló.
El legislador Pedro Zapata comentó que al país no le afecta el hecho que Galápagos forme parte de ley. "Reclamamos por derecho, por competencia y por soberanía”, enfatizó, al sostener que la posición del Consejo Nacional de Competencias debe ser entendida como una opinión más, pero que sería un absurdo que no forme parte de esta normativa.
El presidente de la comisión, Ramiro Narváez, solicitó a los asambleístas de Galápagos analizar detalladamente las disposiciones del proyecto, mientras que Patricia Núñez les propuso que se sumen a las mesas técnicas y presentar sus observaciones en la construcción de la ley, pues el trabajo está enfocado en beneficiar a quienes más necesitan.
En el segundo punto del orden día la comisión recibió a la delegación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), a fin de que presenten sus observaciones al proyecto de Ley de Cyber Seguridad.
Entre los principales aportes que se realizaron al proyecto, está la homologación de los artículos que contengan definiciones, con el objetivo de que no exista contraposición entre diferentes normas como la Ley de Protección de Datos.
Además la comisión conoció el informe de cumplimiento de las recomendaciones de la Legislatura a la Cancillería para enfrentar la crisis carcelaria y el clima de inseguridad que vive el Ecuador, en el que se detalla que en un 33 % se cumplen parcialmente y en el 66 % se cumplen en su totalidad.
ES/pv
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