En el proceso de fiscalización y control político a los hechos relacionados con el Paro Nacional del 13 al 30 de junio de 2022, sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 77 votos, acogió y aprobó el informe preparado por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y la Interculturalidad.
En tal sentido exhortó al Gobierno Nacional a elaborar y aplicar políticas públicas adecuadas, para garantizar los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, principalmente de los grupos vulnerables, a una seguridad ciudadana adecuada y libre de violencia. Además, que promueva, proteja y facilite la libertad de asociación y de reunión pacífica de niños, niñas y adolescentes, garantizando sus derechos; y, disponer a todas las instituciones públicas que velen por el cumplimiento del derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica.
También conminó al Gobierno, a los órganos e instituciones del sector público, que implementen mecanismos institucionalizados para respetar, garantizar y promover el derecho constitucional a la protesta social, a la resistencia por parte de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Requirió de los Ministerios del Interior y de Defensa inicien los procesos de investigación de los servidores policiales y militares, que ejecutaron acciones que vulneraron los derechos y remitir los casos que correspondan a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo, para que inicien la investigación que evite la impunidad de aquellas prácticas que menoscabaron los derechos constitucionales de las personas que participaron en la protesta social, y disponer a la Comisión de Garantías Constitucionales realice el seguimiento e informe al Pleno de la Asamblea en el término de 60 días.
También que fortalezcan los procesos de capacitación integral continua a los servidores policiales y militares en todos sus niveles y jerarquías en materia de derechos humanos, derechos constitucionales y las obligaciones de orden constitucional y convencional que tienen para garantizar los derechos y las libertades fundamentales, la misma que deberá ser institucionalizada con garantía de los recursos suficientes y oportunos.
Conminó a la Fiscalía que inicie las investigaciones respecto de las causas por las cuales los ciudadanos perdieron la vida durante el Paro Nacional e inicie los procesos legales para identificar a los causantes de estos decesos, así como determinar el grado de responsabilidad de quienes se encontraban al frente de las diferentes Carteras de Estado que intervinieron en el contexto de las movilizaciones por omisión de sus funciones.
La Asamblea exhortó a la Función Ejecutiva que en los procesos de diálogo se cuente con una articulación eficiente con los actores sociales destinatarios, con interés o involucrados en la política pública, objeto de discusión, priorice el debate de propuestas y sobre todo la definición de acuerdos concretos en beneficio de los ecuatorianos.
Además dispuso el inicio del enjuiciamiento político de Luis Lara, ministro de Defensa; Fausto Cobo, titular del Centro de Inteligencia Estratégica; y, Patricio Carrillo, exministro del Interior por incumplimiento de funciones, para lo cual el presente informe deberá ser remitido a la Comisión de Fiscalización y Control Político.
El legislador Mario Ruiz, tras sustentar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, explicó que los acontecimientos de junio de 2022 y el trabajo desarrollado han permitido evidenciar que el Gobierno incumplió sus obligaciones de respeto, garantía y promoción de los derechos inobservando el bloque de constitucionalidad y afectando la vida, la libertad y la integridad personal.
Debate
En el análisis de este tema intervinieron 14 asambleístas, quienes expresaron su indignación por la represión y violación a los derechos humanos. También se reclamó justicia e igualdad social, que no queden en la impunidad los hechos acontecidos en las jornadas de protesta y sanciones para los responsables; reparación integral de las familias de las víctimas; y, que el Gobierno aplique una verdadera política de seguridad.
Sostuvieron que la movilización liderada por el movimiento indígena nace de la indignación de los desaciertos del Gobierno y la falta de respuestas a sus demandas, como la reactivación del agro para la soberanía alimentaria, presupuesto para salud, educación, telefonía, electricidad, y la no privatización del Banco del Pacífico, factores que unificaron a las organizaciones campesinas, pueblos y nacionalidades, transportistas y trabajadores.
RSA/pv
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