El Pleno de la Asamblea Nacional escuchó a las autoridades del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Secretaría de Derechos Humanos y Fiscalía General de Estado, quienes informaron sobre las acciones desarrolladas en torno a las investigaciones del presunto femicidio cometido en contra de María Belén Bernal, cuyo principal sospechoso es el teniente Germán Cáceres, hoy prófugo de la justicia.
Al inicio de la sesión, el ministro del Interior, Juan Zapata, tras reiterar su solidaridad con la madre y demás familiares de María Belén Bernal, expresó su compromiso de efectuar una profunda reestructuración institucional de la Policía y fortalecer la formación de los servidores policiales con perspectiva de género y equidad. A la vez, solicitó a la Asamblea generar reformas al sistema disciplinario del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Luego, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez dijo que este caso debe ser analizado desde cuatro dimensiones, en la dimensión humana, con la solidaridad frente a un delito cometido contra una mujer; la dimensión institucional, con una Policía con deterioro en su imagen, que debe ser fortalecida; la dimensión política que nos lleva a reflexionar qué está bien y qué está mal; y, por último, la dimensión judicial, en la cual se debe exigir una investigación transparente y que se sancione con el máximo rigor de la ley a los responsables de este asesinato.
De su lado, Fausto Salinas, comandante General de la Policía comprometió el trabajo de la institución para la localización y captura de Germán Cáceres. En este marco, subrayó que se han tomado las medidas administrativas contra 13 servidores policiales, incluido Cáceres. Añadió que se emprendieron acciones para renovar los mandos de las escuelas de Policía y que se mantiene una política de género desde hace varios años.
Mientras, Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, dentro de las restricciones previstas en la ley para evitar la revictimización de las personas involucradas en el caso, refirió que desde el pasado 14 de septiembre desarrolló todas las acciones que le faculta la ley, a fin de prestar el acompañamiento a la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, así como su hijo, de 13 años de edad.
Por último, Diana Salazar, fiscal general del Estado detalló los pasos seguidos en la investigación, inicialmente bajo la figura de presunta desaparición involuntaria y, luego de la aparición del cuerpo de María Belén se cambió la figura para los dos procesados, por presunto delito de femicidio. Indicó que la Fiscalía ha desarrollado 63 impulsos fiscales, para el reconocimiento del lugar de los hechos y 96 diligencias investigativas.
Adicionalmente, Salazar señaló que se requirió asistencia internacional a la Fiscalía de Colombia para apoyar la investigación, a través de un equipo técnico especializado, que ya inició su trabajo el pasado 26 de septiembre, participación que garantizará la transparencia de este proceso.
Debate
Tras las intervenciones de las autoridades, 29 asambleístas expresaron su inconformidad con la información entregada por los comparecientes, puesto que no existen detalles que permitan conocer con claridad qué ocurrió con María Belén Bernal, ni dónde están los responsables del presunto femicidio.
Una vez cerrado el debate, la Asamblea Nacional, con 76 votos, dispuso que toda la información e intervenciones de los legisladores que se obtengan en esta sesión respecto de la investigación del femicidio de la abogada Bernal sea trasladada a la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación.
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