El informe técnico analiza la gestión, control y capacidad de respuesta institucional pública frente a la alerta ambiental por la expansión de la extracción ilegal de minerales en el sector Yutzupino, provincia de Napo. Además, determina el cumplimiento o incumplimiento de la legislación nacional relacionada con las competencias de las autoridades públicas en materia de minería y ambiente.
También detalla el impacto ambiental y socio económico que la minería ilegal ha provocado en esta zona del Napo. La contaminación de los recursos hidrobiológicos, erosión de suelos, deforestación, disminución de fuentes de alimentos, deterioro de la salud de los pobladores, invasión y trafico de tierras, más un incremento de actos delictivos conexos a las actividades mineras, se registraron como los más importantes.
Entre las recomendaciones a los actores estatales destacan: reformar la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), con el propósito de fortalecer dicho cuerpo colegiado e incorporar como miembros activos a la Fiscalía, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional; revisar de manera coordinada protocolos o instrumentos para la planificación, gestión y aplicación de operativos de control de minería ilegal; y, reestructurar la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, para dotar al sector minero de una institucionalidad propia y específica para una adecuada planificación, gestión y control.
La asambleísta Vanessa Alava destacó el trabajo que ha realizado la comisión para elaborar este informe, al que calificó como el comienzo de un nuevo capítulo en el campo de la explotación minera.
Por otra parte, la mesa legislativa decidió unificar el proyecto de reformas a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica con la propuesta que sobre la misma materia presentó la asambleísta Mariuxi Sánchez.
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