La jornada inició con el conocimiento del proyecto de reformas al artículo 139 del Código de Procesos, respecto a la caducidad de la boleta de apremio personal en materia de alimentos. Su proponente, la asambleísta Amada Ortiz expresó que con ello busca superar el viacrusis y el trato humillante que pasan la madres en las unidades judiciales para lograr la pensión de sus hijos y evitar que se vulneren los derechos, a la vez señaló que es obligación de todos legislar para garantizar el interés superior del niño.
Además avocó conocimiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal presentado por los parlamentarios Freddy Rojas y Luis Cervantes, y el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa y al Código Monetario, de iniciativa del legislador Darwin Pereira.
De inmediato inició el tratamiento del proyecto de reformas al Código Penal, que norma los delitos de robo y hurto. Su autor, el legislador Jorge Pinto, afirmó que este tipo de delitos se ha convertido en el “pan de cada día”, ante lo cual plantea revisar las penas y su ejecución, como medio para garantizar los derechos de las víctimas que están expuestos a la delincuencia que, incluso, ha puesto en riesgo la vida de las personas por robar un celular o un par de zapatos.
El asambleísta Luis Almeida Moran fundamentó el proyecto de Ley Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Correcta Actuación de los Agentes del Orden Público y Tipificar el Terrorismo de Estado. Aseguró que hay casos que se han presentado en varios países en los que se ha permitido que funcione el terrorismo de Estado para perseguir a la oposición política, inclusive con fines de exterminio, situación que se debe prevenir en Ecuador y hacia allá está orientado su proyecto en defensa de los derechos humanos.
Para cerrar la jornada, la comisión inició el estudio de dos proyectos de reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado presentados por los asambleístas Patricia Mendoza y Eduardo Mendoza. Patricia Mendoza manifestó que busca clarificar lo que debe entenderse como recursos públicos cuando se trata de instituciones que están bajo el control de la Contraloría, inclusive las financieras y que armoniza las competencias de esta entidad con la Procuraduría del Estado en lo referente a contratación pública.
De su lado, Eduardo Mendoza, tras señalar la necesidad de asegurar un ordenamiento jurídico efectivo en temas que tienen que ver con recursos económicos y bienes públicos, explicó que su proyecto tiene como objetivo garantizar transparencia en los actos de control por parte de los jueces de cuentas y de quienes manejan recursos del Estado, para lo que propone normas sobre la función de los auditores externos e internos.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo manifestó que el estudio de estos proyectos será de manera técnica, a fin de fortalecer la normativa legal del país que beneficie al país y a la sociedad.
PV
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