La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe no vinculante sobre el veto parcial al proyecto de Ley de Pagos en Plazos Justos, Primero las MYPES, que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en 10 artículos y tres disposiciones generales; y, allanarse en una disposición general y una transitoria.
La objeción del Ejecutivo tiene como base la exclusión de las organizaciones del sector público de esta norma, alegando que el proyecto se contrapone a la Ley del Sistema Nacional de Compras Públicas, porque modifica la forma de pago y los plazos determinados por contrato. Asimismo, afirma que la propuesta contradice el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) porque el Estado no puede ser condenado a costas judiciales.
Jorge Yépez, asesor jurídico de la comisión, señaló que tal contraposición no existe, ya que el proyecto dispone que en las relaciones comerciales que no tienen contrato o que teniendo uno no determina de manera expresa un plazo para pagar y el comprador debe pagar al vendedor en un plazo máximo de 45 días el primer año y de 30 días el segundo año de vigencia de la ley. Además, al precisar que el cobro de la indemnización se ajustará a lo que establece el COGEP, respeta la disposición de que el Estado no podrá ser condenado.
En tal sentido, el informe recomienda al Pleno la ratificación de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12; y, de las disposiciones generales primera, tercera y cuarta. Así como el allanamiento a las disposiciones general segunda y transitoria única que homogeniza el plazo de 8 días para subsanación de facturas y documentos de soporte con el Código de Comercio; y, especifica que el Presidente de la República, en un plazo de 90 días, expedirá el reglamento para la aplicación de la ley.
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