La Comisión Relaciones Internacionales inició el estudio de un nuevo proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Esta vez la propuesta viene de la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional para evitar la vulneración de derechos de las personas que se encuentran en movilidad humana.
La propuesta tiene como propósito incluir estándares internacionales en relación a los procesos administrativos destinados al control migratorio como la deportación y la inadmisión; el reconocimiento del estatuto de refugiado, y la limitación de derechos como la suspensión de la nacionalidad concedida por naturalización a personas extranjeras, con el fin de que en dichos procesos se respete principalmente el derecho a la información, el acceso a la justicia, a la libertad personal y la atención preferencial a las personas en situación de vulnerabilidad.
Para el análisis de la propuesta, la comisión escuchó a Pablo Pérez, director Nacional Mecanismos para Promoción y Protección de Personas en Movilidad Humana y a Pablo Araujo, Especialista de Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, quienes fundamentaron los alcances y objetivos del proyecto.
Araujo recordó que la Corte Constitucional dispuso a la Defensoría del Pueblo presentar en el plazo de seis meses esta propuesta, misma que fue presentada en la Asamblea Nacional el 3 de agosto pasado.
De su lado, Pablo Pérez indicó que la propuesta fue trabajada de manera conjunta con sociedad civil, cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales. “El proyecto establece un análisis para la inclusión de los estándares internacionales sobre el debido proceso en el marco de la Ley Orgánica de Movilidad Humana”, informó.
Al respecto, la asambleísta Mónica Palacios comentó que se trata de un proyecto necesario, a fin de proteger los derechos de los migrantes.
A la sesión también fue invitado el Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, quien presento su excusa.
En otro orden, la mesa legislativa recibió a Andrés Moyón, de la Unidad de Técnica Legislativa, quien expuso el Informe sobre la resolución que exige mayor cobertura por parte del Estado en los servicios para compatriotas que requieren patrocinio en el extranjero y repatriación de restos mortales, elaborado por la Unidad de Control y Ejecución Presupuestaria del Estado.
Se trata de un informe con corte a 31 julio de 2022, sobre los requisitos, financiamiento y colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la repatriación.
Por su parte, el asambleísta Salvador Maita sostuvo que hace falta aclarar algunos puntos que necesitan clarificarse, pues hay muchas solicitudes de repatriación de restos mortales, pero el número de repatriaciones sigue siendo muy bajo.
Por ello propuso solicitar que en las comparecencias trimestrales el Ministro de Relaciones Exteriores informe, entre otros aspectos, el número de solicitudes de repatriación de restos mortales, el número de repatriaciones de restos mortales efectuadas con cobertura del Estado, el presupuesto devengado de la asignación efectuada para este fin, número de ecuatorianos privados de la libertad en el extranjero, y cuántos privados de la libertad en el extranjero han recibido asistencia consular, moción que fue aprobada por la mesa legislativa.
JCS/pv
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