La Comisión de Garantías Constitucionales resolvió iniciar un proceso de fiscalización y control político sobre el caso del “Movimiento Guevarista”. La decisión se la adoptó luego de escuchar a Nathalia Sierra, del Comité de Amigos y Familiares de los Hijos de Mayo, quien denunció que nueve personas de este movimiento han sido criminalizados y detenidos sin prueba alguna.
Recordó que, el 19 de mayo pasado diez policías irrumpieron las casas de los nueve ciudadanos, entre ellos su sobrino, Ernesto Flores, a quien le acusan de trata de personas, pero que no han podido encontrar indicios sobre este particular y le tienen detenido sufriendo maltrato.
Señaló que en flagrancia no permitieron que presenten la medida precautoria de arraigo, aduciendo que los integrantes de esta agrupación son personas muy peligrosas. Son presos políticos, acotó Nathalia Sierra, al señalar que todos son inocentes. Además, relató que los familiares, sobre todo mujeres, reciben tratos humillantes cuando van de visita.
Edmundo Almeida, uno de los abogados de este caso, reclamó que nunca existió la notificación a los nueve procesados y que el fiscal Wilson Toainga, viola constantemente la defensa de los detenidos, a la vez aseveró que se hallan en situación de indefensión.
Almeida solicitó a la Comisión de Garantías Constitucionales vigilar el proceso, mismo que tiene que ser justo y exigir que se respeten los derechos de los procesados.
Mientras, el abogado Aquiles Hervas solicitó a la mesa legislativa realizar acciones en el marco de la fiscalización, tomando en cuenta que hay presunciones de violación a los derechos humanos como la tortura.
En el debate de este tema, el asambleísta Mateo Flores señaló que luego de escuchar a los comparecientes se evidencia violación a los derechos humanos, mientras que la legisladora Victoria Desintonio exigió respeto para este grupo de personas. Los parlamentarios Mario Ruiz, Gruber Zambrano y Édgar Quezada coincidieron que el caso tiene que ser investigado.
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