Reconocer las particularidades de los jóvenes y establecer mecanismos complementarios en el sistema jurídico, para promover el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, es lo que se busca en el proyecto de Ley de Juventudes, que este martes fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional y que será remitido al Ejecutivo, en las próximas horas, para su respectiva sanción u objeción.
Según esta propuesta normativa, las personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad son consideradas jóvenes que representan casi el 25% de la población, la cual garantiza el derecho de este grupo a la participación y organización social; a una salud integral; a la educación y empleo digno; al acceso al sistema financiero.
Además determina que la práctica o pasantía se considerará experiencia laboral; que del total de los trabajadores de las empresas públicas y privadas el 10% sean jóvenes contratados; 3 horas diarias con permiso para estudiar; el ingreso de sus hijos a Centro de Desarrollo Infantil, con la finalidad de facilitar sus estudios.
Así lo dio a conocer la asambleísta Sofía Sánchez, miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, que elaboró el informe para segundo debate, tras recalcar que se busca generar mecanismos complementarios que refuercen en un solo cuerpo legal el acceso a los derechos de los jóvenes y así asegurar su inclusión social, laboral y de participación.
Ronny Aleaga, promotor de la iniciativa, destacó los ejes del proyecto de ley: salud, tecnología, empleo, deporte, arte, cultura, medio ambiente, participación y liderazgo; y, que en la construcción del proyecto de ley participaron más de 17.000 jóvenes .
En comisión general participaron Caleb Sánchez, representante Colectivo “Yo Joven”; Juan Martín Morales, director de la Fundación Unión Estudiantil; Luis Cupichamba, coordinador Provincial de Manifiesto Juvenil Carchi; Evelyn Yucallila, presidenta de los Consejos Consultivos Nacionales; Nery Padilla y Adrián Durán, presidente y secretario nacional de la FEUE, respectivamente; Patricia Calderón, de la Juventud de la Conaie y Washington Quinchuela, director de Juventudes del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Recalcaron que constituyen el 20.30% de la población general, identificados como una diversidad territorial étnica, cultural, económica, presentes en cada rincón del país; la fuerza del trabajo y actores de cambio, la generación para establecer cambios estructurales en lo social y político. Aseguraron que la ley reconoce su participación en la política formal, fomenta la equidad de los procesos políticos y contribuye a la creación de políticas sostenibles.
Una ley estructural
Los 20 legisladores que intervinieron en el debate resaltaron la importancia de una ley estructural que reconozca las necesidades de los jóvenes. Enfatizaron en la necesidad de impulsar planes y programas de salud mental, de vida digna, especialmente para los que viven en extrema pobreza, con enfoque intercultural; además, en convenios de prácticas para que se acredite la experiencia laboral; y, que queden suspendidos los procesos de coactiva que se encuentren en trámite sobre créditos educativos.
Además que se garantice de manera plena el uso de los medios tecnológicos de comunicación, tasas de interés al 1% para los créditos educativos e incentivos para emprendimientos, entre otros planteamientos.
RSA/pv
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