Con la presencia de directivos del Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública, la Comisión de Justicia analizó el proyecto de reformas al Código Integral Penal, Código de la Función Judicial y otras leyes para implementar el modelo de justicia terapéutica, que tiene como finalidad permitir a la persona privada de libertad realizar un tratamiento de rehabilitación para asegurar su reinserción social y evitar su reincidencia.
A la sesión también fueron invitados el director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Guillermo Rodríguez y la fiscal del Estado, Diana Salazar, quienes presentaron sus excusas.
Según la propuesta, este programa será aplicable durante la etapa de instrucción, o en el proceso de juzgamiento penal, direccionado a personas que cuenten con una sentencia condenatoria por delitos sancionados con una pena privativa de libertad menor a 5 años o que padezcan de un trastorno como consecuencia del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Al respecto, Andrea Guerrero, de la Defensoría Pública, respaldó la propuesta argumentando que contribuirá a agilitar los procesos judiciales, para lograr la discusión de la incidencia delictiva, la rehabilitación de las personas que consumen sustancias sujetas a fiscalización, disminuir el número de dependientes, evitar los efectos negativos del encarcelamiento, como la generación de redes delincuenciales y combatir la reincidencia al tratar desde sus raíces la comisión de delitos.
Resaltó que este proyecto tiene una visión de derechos humanos y garantiza la no criminalización del consumo de sustancias catalogadas a fiscalización, conforme dispone la Constitución, ya que la adicción es un problema de salud pública y le corresponde al Estado dar respuestas, a la vez sugirió que dentro de la normativa correspondiente se considere también este programa para adolescentes en conflicto con la ley para que puedan ser rehabilitados.
De su lado, Henry Arcos, director Jurídico del Consejo de la Judicatura, destacó la importancia del proyecto y comprometió la colaboración de la institución para presentar las observaciones y enriquecer el contenido de la propuesta.
Sugirió considerar las competencias que la Constitución y la Ley otorgan al Consejo de la Judicatura, razón por la que no podría presidir instancias como la comisión interinstitucional o el equipo técnico multidisciplinario de apoyo que se crean en el proyecto.
Manifestó que un eje importante del modelo de justicia terapéutica es la rehabilitación social de las personas privadas, que en ningún caso puede ser considerado como un mecanismo alternativo de solución de conflictos.
Además sostuvo que para el análisis de esta problemática se necesitan datos estadísticos para conocer cuál es la realidad, información que no tiene la Defensoría ni el Consejo, por lo que se debe insistir en el llamado al Director del SNAI.
PV
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