La Subcomisión de Garantías Constitucionales encargada de buscar salidas a la problemática del femicidio recibió a los familiares de varias víctimas de violencia extrema, con la finalidad de evidenciar las deficiencias y errores cometidos por las instituciones del Estado en los procesos de investigación y promover soluciones.
“Por nuestras hijas, nadie se cansa” fue el grito con el Mónica Velástegui, Anabel Campos, María Ortiz, Miroslava Cando, Nathalia Soto, Carmen Carrera y Aurora Imbaquingo relataron las historias de injusticia que han enfrentado sus hijas.
Mónica Jiménez, madre de Nicky, una de las víctimas, contó toda la odisea que ha debido vivir para exigir justicia, pues los agresores son servidores públicos desde policías, bomberos y paramédicos, quienes también abusaron sexualmente. Indicó que en esta lucha lleva ya cuatro años para que este caso no quede en la impunidad.
“Como madre deseo que se haga justicia, por el hijo que dejó mi hija”, afirmó Karina Gálvez, al demandar del Estado atención frente a las trabas que ponen las instituciones de justicia. No es justo que nosotros tengamos que investigar, pues para eso supuestamente existen funcionarios con el debido conocimiento, expresó. “Somos madres que exigimos verdad, justicia, que se fiscalice los procesos y que nos ayuden con el bono para mantener a nuestros nietos que han quedado huérfanos”, añadió.
Otro caso es el de Ruth Montenegro, madre de Valentina, que apenas tenía 9 años en 2016, quien relató que el delito se cometió en una institución educativa de la ciudad de Quito, la cual nunca dejó de funcionar a pesar de lo ocurrido.
Nos han quitado a nuestras hijas, lamentablemente no existe justicia en el país, pedimos que nuestras historias no sean utilizadas como simples historias para los medios de comunicación, o que sea una plataforma de campaña política, no queremos más intimidación de parte de los agresores y sus familias, queremos que los hechos de violencia sean prevenibles y logremos que la historia cambie para el bien de las mujeres, expresaron.
Los asambleístas consideraron necesario llamar a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y Secretaría de Derechos Humanos, para que rindan cuentas y se comprometan a tomar acciones inmediatas y dar una respuesta a los familiares de las víctimas de femicidio.
Finalmente, la legisladora Sofía Sánchez, presidenta de la subcomisión, explicó que la información recabada servirá para identificar los nudos críticos que permitan resolver los casos de violencia extrema que fueron expuestos. Anunció que la comisión continuará el próximo lunes la recepción de otros testimonios de personas afectadas por la violencia y el mal manejo de la administración de justicia.
SL/pv
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