Dentro del proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por incumplimiento de funciones, el consejero Francisco Bravo ejerció su derecho a la defensa ante la Comisión de Fiscalización y Control Político.
En su intervención afirmó que no tuvo participación por acción u omisión de las conversaciones mantenidas entre la consejera Ibeth Estupiñán y Ginella Jácome, postulante al cargo de Superintendenta de Ordenamiento Territorial, por lo tanto no puede ser juzgado por un hecho del que no ha sido parte.
En cuanto al posible conflicto de intereses entre el expresidente del CPCCS, Christian Cruz y Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial designado, resaltó que es un hecho individual, no colectivo. Agregó que el artículo 232 de la Constitución de la República determina que los servidores públicos se abstendrán de actuar en estos casos; por tanto, el expresidente Cruz debió excusarse.
De su lado, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio presentó documentación que demuestra que la compañía ACME, en la que Christian Cruz es representante legal, mantuvo varios contratos con municipios del país relacionados con ordenamiento territorial. Recordó que Iglesias declaró ante la comisión que fue consultor en esa empresa.
Sobre la imputación de supuesta extralimitación y arrogación de funciones al proceder a debatir la modificación de Reglamento para la Selección y Designación de la Máxima Autoridad de la Contraloría General del Estado, Francisco Bravo puntualizó que el artículo 38 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana le faculta dictar las normas de cada proceso de selección, lo que incluye aprobar, derogar, modificar, reformar, aclarar y ampliar la normativa correspondiente.
Destacó que este proceso de selección y designación de Contralor se encuentra en la etapa de conformación de la comisión ciudadana, cuyos integrantes serán posesionados hoy. Al respecto, la asambleísta Mireya Pazmiño advirtió que la convocatoria para conformar la comisión se realizó en septiembre de 2021, mientras que las modificaciones al reglamento se realizaron en este año, de manera extemporánea.
A partir de las 14h00, la Comisión de Fiscalización escuchará a Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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