La Comisión de Seguridad Integral, con 7 votos y una abstención, tras rechazar de manera enérgica la inasistencia de las autoridades del Ejecutivo convocadas para que informen sobre las acciones para combatir la situación de inseguridad que vive el país, decidió ampliar los requerimientos de información, a fin de que sea remitida con la urgencia que el caso amerita.
Los informes requeridos guardan relación con la base constitucional, legal y reglamentaria que rige sus actuaciones, con indicación de las disposiciones específicas; y, el listado de los documentos e información clasificada como reservada, secreta y secretísima, evidenciando el cumplimiento de las disposiciones legales para tal declaratoria, conforme lo establece la Ley de Seguridad Pública y del Estado, desde mayo de 2021 hasta la presente fecha.
También requirió los informes detallados con respaldos del cumplimiento de cada una de las competencias, funciones y atribuciones establecidas en la Ley, decretos ejecutivos y resoluciones, desde mayo de 2021 relacionados con el orden público, seguridad, convivencia pacífica, gestión territorial y seguridad pública y del Estado.
Esta información será solicitada a Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado; Francisco Jiménez, ministro de Gobierno; Fausto Salinas, comandante general de Policía; Daniela Saltos, directora general del ECU911; y, los gobernadores de cada una de las provincias del país.
Los legisladores señalaron que la inasistencia de las autoridades convocadas constituye una evidencia más de la desidia frente a la grave situación de inseguridad; y, la ausencia de planificación y estrategias nacionales y territoriales para resolver los graves problemas de seguridad.
En este sentido, recordaron a los ministros de Estado y a los gobernadores su deber de comparecer ante la Asamblea Nacional y las comisiones especializadas a entregar la información solicitada, conforme lo determina la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo incumplimiento, en el caso de ministros y secretarios de Estado, configura causal de enjuiciamiento político.
A través de la resolución la comisión exteriorizó su asombro ante las comunicaciones remitidas por Diego Ordoñez y Francisco Jiménez, quienes ponen de manifiesto que desconocen sus funciones y las atribuciones de los gobernadores provinciales en relación con las competencias, entre otras, de supervisión de la actividad de los órganos de la Administración Pública Central e Institucional en la provincia, de cuidar la tranquilidad y el orden público, proteger la seguridad de las personas y de los bienes, prevenir los delitos y combatir la delincuencia, conforme lo establece el artículo 26 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
Comparecencias
En la sesión de esta tarde debían comparecer los gobernadores de Imbabura, Fernando Chalampuente y de Carchi, Yaco Martínez, quienes se excusaron argumentando que se encuentran recopilando la información requerida.
El presidente de la comisión, Ramiro Narváez indicó que los dos gobernadores en un inicio confirmaron la asistencia y luego se excusaron, lo que evidencia que no se trata de una iniciativa individual, sino de un complot y falta de interés a los requerimientos de la mesa legislativa.
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