La Comisión de Gobiernos Autónomos inició el tratamiento del proyecto de Ley de Barrios. Su proponente, el asambleísta Daniel Onofa argumentó que América Latina y Ecuador están en un proceso fuerte de urbanización, reflejado en el crecimiento acelerado de las ciudades, que no necesariamente responden a procesos de planificación urbana, dotación de servicios o generación de condiciones para el desarrollo de la vida de la gente.
Advirtió que esta situación ha provocado la agudización de ciertos problemas intrínsecos a las ciudades, como el desempleo, la deficiente dotación de servicios básicos, la inseguridad o la irregularidad en la propiedad del suelo y de las viviendas.
Afirmó que frente a esta realidad se hace necesario exigir el cumplimiento del derecho a la ciudad y al hábitat para todos los ciudadanos, a través de un modelo de política pública que garantice el acceso equitativo, justo, democrático y sostenible a los recursos, servicios, bienes y oportunidades que la ciudad debe ofrecer a sus habitantes.
Además indicó que por ello, junto a los legisladores Dalton Bacigalupo, Marlon Cadena y Edwin Frías elaboraron el proyecto que se enfoca en las necesidades de los barrios y su gente y establece principios y normas generales para desarrollar, fortalecer, organizar, reconocer, promover y regular los derechos individuales y colectivos de los barrios, sus formas socio organizativas y sus habitantes.
La asambleísta Shirley Pacheco subrayó que la propuesta pretende dar legitimidad a los barrios y amparar a cada una de las organizaciones sociales, mientras que Marlon Cadena manifestó que se trata de normar las directivas barriales. Explicó que problemas relacionados con el tema de la basura, la fauna urbana, convocatorias a mingas, seguridad, entre otros, se pueden resolver con la aplicación de una normativa que les regule, con democracia interna y participativa.
Voces de dirigentes barriales
Silvia Recalde, del Barrio Rocío de Guamaní, expresó que el proyecto les permitirá solucionar los problemas que tienen los barrios como son la inseguridad, falta de transporte y de centros de salud, pese a que sus habitantes pagan puntualmente sus impuestos.
Silvia Molina, del Barrio Ilaló, aseveró que su sector tiene muchas necesidades, pero que aspiran tener voz y derechos como actores directos.
Juan Carlos Rojas, de la Asamblea de Quito, enfatizó que el proyecto busca dar legalidad a los procesos comunitarios; revisión metódica y sistemática de legalidad y legitimidad de los representantes y dirigentes barriales y comunitarios.
Robbi Proaño, de la parroquia Tumbaco, felicitó a los legisladores por trabajar en una ley innovadora. Indicó que los verdaderos líderes barriales podrán velar por las necesidades de los ciudadanos.
Miguel Álvarez, del Comité Promejoras del Barrio Aymesa, expresó que el proyecto les da un canal para llegar a los organismos seccionales.
RSA/pv
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