Con el fin de conocer las acciones realizadas dentro del cumplimiento de la sentencia constitucional en el caso Cervecería Nacional, la Comisión de Régimen Económico recibió al Ministro de la Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, quien explicó el contrato de inversión que el Estado mantiene con dicha empresa.
El titular de esa cartera de Estado señaló que los contratos de inversión son parte de la estrategia de desarrollo que impulsa el Gobierno para atraer inversión extranjera y local. Subrayó que esta modalidad de contratación brinda protección de inversiones y seguridad jurídica a las organizaciones inversoras. Agregó que en lo que va del año, se ha alcanzado una inversión de 3.155 millones de dólares producto de 166 contratos suscritos.
Respecto del contrato con Cervecería Nacional, informó que fue firmado en julio 2021, con una vigencia hasta el año 2026, por un valor de USD 100 millones. Aseguró que la empresa cumplió todos los requisitos que establece el Código de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). Subrayó que el Servicio de Rentas Internas estima una recaudación de esa empresa, por el período de vigencia del contrato, de 106 millones de dólares; mientras que la exoneración tributaria proyectada alcanzaría los 35 millones.
Los miembros de la Comisión observaron que la norma exige, entre otros aspectos, la presentación de certificados de cumplimiento de sus obligaciones patronales, ambientales, tributarias y laborales; pero este último no consta en el expediente del contrato. Señalaron que la sentencia que la Corte Constitucional emitió en enero de 2021 determina que el Ministerio de Trabajo debía calcular el monto y exigir el pago que Cervecería Nacional debe cancelar a sus extrabajadores por concepto de utilidades.
Advirtieron que se debe hacer un seguimiento exhaustivo de este caso, ya que si existe incumplimiento, la empresa estaría gozando de una exoneración tributaria que ocasionaría un perjuicio al Estado.
De su lado, Washington Andrade, abogado del Frente Unidad de Extrabajadores de la empresa; y, Vicente Reategui, abogado, cuestionaron que el Estado haya suscrito un contrato de inversión con una empresa que no está al día con sus obligaciones laborales; y, señalaron que la sentencia de la Corte Constitucional es de cumplimiento obligatorio.
En otro orden, avocó conocimiento del proyecto de Ley para la Reestructuración del Sistema Financiero que reforma el Código Monetario y Financiero, presentado por el legislador Rodrigo Fajardo; el proyecto de Ley de Defensa de la Propiedad Estatal sobre el Banco del Pacifico y la creación de la Corporación Financiera Ecuatoriana y la Creación del Banco Ecuatoriano de Fomento, de iniciativa de los asambleístas Peter Calo, Patricia Sánchez y Mario Ruiz; y, el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero, propuesto por la asambleísta Mónica Palacios.
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