La legisladora Nathalie Viteri explicó que el proyecto aborda varios temas que actualmente constituyen una amenaza a la seguridad de la ciudadanía. En primer lugar propone aumentar las penas para sancionar la extorsión, que actualmente afecta a las actividades de comerciantes y profesionales.
Al advertir que las organizaciones delictivas están reclutando a menores de edad aprovechándose de su inimputabilidad legal y que estos son quienes finalmente ejecutan actos tan atroces como el sicariato, planteó una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de que los menores de 14 a 18 años puedan responder penalmente por sus delitos.
Explicó que su proyecto modifica las penas en general haciéndolas más rigurosas, especialmente en delitos como asesinato, femicidio, sicariato, robo con muerte, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; y narcotráfico y que en estos casos no se pueda aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva ni rebaja de las condenas.
Jueces y fiscales sin rostro y confidencialidad de las víctimas
Así mismo, la parlamentaria señaló que este proyecto busca establecer un marco de garantías para que los funcionarios e integrantes del sistema de administración de justicia puedan realizar su trabajo de forma segura.
Para ello, propone crear un mecanismo para salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad y demás derechos de los servidores, y personas que en calidad de víctimas participan del proceso penal, así como asegurar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia, y el cumplimiento de los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva.
El proyecto incluye también reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que pretenden determinar con claridad el deber del Estado de asumir la responsabilidad por la integridad de sus funcionarios.
Sugiere establecer de manera expresa en la ley el derecho de los funcionarios de contar con las garantías que les permitan ejercer con rectitud e imparcialidad la función que les corresponde y otorgar al órgano de gobierno las herramientas que protejan la integridad física de los servidores.
Además plantea reformar el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en el sentido que la atención y protección que se debe brindar a sus miembros sea prioritaria.
Finalmente, dijo que las reformas al COIP buscan proteger el derecho de los justiciables de contar con una administración de justicia independiente e imparcial que garantice el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, reconfigurando por ejemplo la falta de denuncia como una falta gravísima, y agravando el tipo penal relativo a la obstrucción de la justicia.
