Las principales autoridades del Consejo de la Judicatura y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) comparecieron ante la Comisión de Fiscalización, para responder cuestionamientos dentro del proceso de control político sobre el cumplimiento del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, y del Decreto 915 que declara como política pública la aplicación de la Agenda del Decenio para los Afrodescendientes 2015-2024.
Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, indicó que para garantizar la aplicación del enfoque intercultural, de justicia indígena y ordinaria y plurinacional, se han desarrollado 3 ejes de trabajo: la conformación de espacios permanentes de diálogo y coordinación entre justicia ordinaria e indígena; la construcción participativa de instrumentos oficiales de coordinación entre justicias en el ámbito procesal; y, la formación especializada para fortalecer el enfoque intercultural y su jurisprudencia.
En este aspecto, dijo, el Consejo de la Judicatura elaboró el Plan de Formación Continua, Fomento de una Cultura de Paz y Democracia, encaminado a fortalecer el conocimiento y sensibilizar a los operadores de justicia ordinaria. Murillo, añadió, que es indispensable romper con estereotipos y prejuicios raciales para aplicar objetivamente las políticas públicas relacionadas con la justicia, ya que no se juzga a una persona, sino a un delito.
Por su parte, el asambleísta Roberto Cuero presentó cifras preocupantes de delitos de odio registradas de 2019 a 2022. En ese lapso, 795 casos de violencia a afrodescendientes se registraron, de los cuales solo tres obtuvieron un dictamen acusatorio. Hizo hincapié en que es mandatorio la aplicación de las denominadas acciones afirmativas, las mismas que promulgan una especial atención a los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes.
Gabriela Aguilera, ministra de Vivienda manifestó que dentro de la Política Urbana Nacional, se han receptado aportes tanto de la academia como de la sociedad civil, para generar proyectos de vivienda, en especial de interés social, que mantengan equilibrio con el hábitat y medioambiente y cumplir el derecho a una vivienda digna.
Explicó que esta política pública se conforma de cinco ejes: Interculturalidad, aspecto que respeta los saberes ancestrales y propios de cada etnia, en el que se considera su modo de vida y vivienda. El segundo eje es el cambio climático, el tercero tiene que ver con la gestión de riesgos, es decir el control y prevención de construcciones que no se encuentren en peligro. Un cuarto eje es el de género, encaminado a solventar necesidades de vivienda para madres solteras y el quinto eje incluye la movilidad humana.
Informó además que para el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda que se implementará en 2023, se trabajó con el Consejo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, que recoge también las necesidades del pueblo afrodescendiente.
El asambleísta, Roberto Cuero cuestionó sobre el cumplimiento de metas y la cantidad de vivienda de interés social para el pueblo afroecuatoriano, así como para los pueblos y nacionalidades que se encuentran en extrema pobreza y recalcó que la Política Pública de acciones afirmativas, es un derecho de los ciudadanos en estado de vulnerabilidad, incluyendo quienes carecen de vivienda.
Finalmente, Gabriela Aguilera indicó que el MIDUVI desarrolla el programa de comunidades productivas que favorece a los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes con capacitaciones para emprendimientos como huertos familiares, artesanías, producciones agrícolas que permitan el desarrollo de las comunidades.
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