La Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de los siete asambleístas presentes, aprobó el cronograma de comparecencias, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político auspiciada por los asambleístas Ricardo Vanegas y Nathalie Viteri, en contra de Ximena Garzón, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.
El calendario contempla la presencia de más de 50 testimonios solicitados por los interpelantes y por la exfuncionaria encausada, entre autoridades como: Contralor General del Estado, Directora del Servicio de Contratación Pública (SERCOP), Ministro de Salud, Directora de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia de la Salud (ARCSA), Director del Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos (INDOT), funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Salud, dirigentes de los colegios médicos, expertos en contratación y en temas sanitarios.
Pruebas nuevas
Así mismo, la mesa aprobó la solicitud de pruebas nuevas de parte de los interpelantes, toda vez que se trata de documentos de los cuales no se conocía con anterioridad y porque el requerimiento se formuló dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para ser consideradas en el curso del proceso sustanciación de esta solicitud de juicio político.
Concesión de rutas y frecuencias
Igualmente, aprobó el informe de investigación de la concesión de rutas, cupos y frecuencias a empresas y cooperativas de transporte interprovincial de pasajeros, durante la pandemia del Covid-19 y la entrega irregular de matrículas y licencias de conducir, proceso que estuvo a cargo del legislador Pedro Velasco.
El informe concluye que no existe el Plan Nacional de Cupos y Frecuencias, que es el instrumento técnico que permite establecer cómo se desarrollan las concesiones de rutas, cuáles son los requerimientos del mercado en el territorio nacional. Por esta razón, las concesiones efectuadas entre enero de 2020 y mayo de 2021, no responden a las verdaderas necesidades de la población.
Sobre el otorgamiento irregular de matrículas y licencias, el informe determina que existe un perjuicio para el país por cerca de 50 millones de dólares, debido a la falta de pago de las especies valoradas en relación con esta materia. Por ello, se exhorta a la Contraloría General del Estado realice una auditoría a todos los gobiernos autónomos descentralizados (150), que ejercen la competencia en materia de tránsito, para determinar si cumplen o no con rigurosidad los procesos de entrega de licencias y la matriculación vehicular.
Se recomienda que la Agencia Nacional de Tránsito elabore y apruebe el Plan Nacional de Cupos y Frecuencias, instrumento necesario para atender los requerimientos para la entrega de rutas y frecuencias en todo el país, sobre la base de parámetros técnicos que respondan a las verdaderas necesidades de movilidad en el territorio nacional.
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