Una delegación de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, encabezada por su vicepresidenta, Lucía Placencia, acudió a la Fiscalía General del Estado, para entregar la documentación del proceso de fiscalización desarrollado por el organismo legislativo, en torno a la desaparición de 55 mil quintales de arroz de la reserva nacional, almacenados en una bodega privada, a fin de que, en el marco de sus competencias, analice la información y, de considerarlo pertinente, se agregue al expediente fiscal.
En el oficio se resalta que la mesa legislativa realizó un proceso de fiscalización, con la finalidad de obtener información respecto del estado actual de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) y su proceso de liquidación; el listado de los acreedores y deudores personas naturales y jurídicas; así como los problemas y presuntas irregularidades encontradas en la referida entidad; los estados contables y el estado actual de la Reserva Estratégica para la seguridad alimentaria del Ecuador, de manera particular, sobre los 55 mil quintales de arroz que se encontraban almacenados en una bodega privada.
Como parte de dicho proceso, la Comisión recibió la comparecencia de Luis Aurelio Hernández Locke, liquidador de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) en Liquidación; y, de Carlos Guayaquil, gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), quienes no supieron explicar, de forma certera, dónde se encuentran los 55 mil quintales de arroz.
Ante esta situación, se solicitó un informe escrito y detallado de las acciones que se han emprendido al respecto, por lo que se recibió un expediente de 135 fojas, en el cual se detallan contratos, nombres de administradores del contrato y el proceso de liquidación de la UNA EP.
En tal virtud, y dado que la Fiscalía General del Estado ya se encuentra investigando estos hechos, es obligación de las y los asambleístas miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, poner en conocimiento de la entidad de control el referido expediente, para que, dentro del marco de sus competencias, analice la información y, de ser pertinente, agregue a la investigación fiscal, concluye el documento.
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