Directivos de la Superintendencia de Bancos, BanEcuador y de la Junta de Política y Regulación Financiera presentaron su informe sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, dentro de sus competencias financieras.
Las autoridades comparecieron ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana. Su presidenta, la asambleísta Esther Cuesta, manifestó que es necesario realizar esta evaluación para conocer las acciones de inclusión financiera aplicadas, conforme lo establecen los artículos 34 de la Ley de Movilidad Humana; y 3, 62 y 369 del Código Orgánico Monetario Financiero.
Mirian Muñoz, intendente general subrogante, informó que la Superintendencia de Bancos ha emprendido con una normativa sobre la inclusión financiera, a partir de las disposiciones del Código Monetario y Financiero, con la finalidad de garantizar el acceso y uso a los servicios, sin ningún tipo de discriminación
En este aspecto, Francisco Lanas, delegado de la institución, indicó que ejecutan el Plan Estratégico 2021 – 2025, el que integra un componente destinado a la implementación financiera inclusiva debidamente normado, a través del cual la Superintendencia dispone la no discriminación por razones de etnia, religión, ideología, género, nacionalidad o condición migratoria y el derecho de igualdad al acceso a los servicios financieros.
Los servicios financieros son: educación financiera, protección de datos, transparencia en la información, defensa al cliente. Este último servicio busca llegar a acuerdos que beneficien al usuario financiero, a través de una mediación y conciliación, agregó.
La asambleísta Mónica Salazar preguntó sobre la sanción que aplica la Superintendencia de Bancos en caso de que una entidad financiera no cumpla estos servicios, en especial por la condición migratoria, ya que se han presentado casos en los que no se les ha permitido acceder al sistema financiero nacional si no existe una condición de regularización extranjera.
En este aspecto, los funcionarios de la Superintendencia de Bancos respondieron que se debe presentar un reclamo administrativo, que será sujeto a un análisis técnico y legal que puede llegar a sancionar, inclusive, con el cierre de la entidad bancaria, según la gravedad de la denuncia.
Por otro lado, BanEcuador informó que dentro de los productos financieros que la entidad ofrece, se encuentra el Crédito Migrante, para el que, según los representantes de la Institución, no se requiere un historial crediticio pero sí garantes, conforme el tipo de crédito que se solicite. Este producto financiero está vigente desde 2017, indicaron.
Eduardo Baldeón, representante de Alianza Migrante, discrepó con la información de BanEcuador. Dijo que el Crédito Migrante está vigente desde 2019, pero no ha sido entregado. Advirtió que los créditos que han concedido son de otro tipo, no con la figura del “Crédito Migrante”. Además, expresó que el personal de la entidad bancaria desconoce sobre este producto y no entrega información confiable al migrante que lo necesita.
Finalmente, el turno le correspondió a Paulina Vela, presidenta de la Junta Política de Regulación Financiera. del organismo, quien explicó que uno de los objetivos es promover el acceso al crédito a personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras condiciones vulnerables. Agregó que en este contexto el organismo trabaja en la creación de una estrategia nacional de inclusión financiera, con la participación del sector público y privado.
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