La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó, con 7 votos a favor y una abstención, el informe de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Juventudes, en el que sugiere a la Asamblea Nacional ratificar los textos aprobados por el Pleno del Parlamento, por tanto, no acoge las 19 observaciones planteadas.
En este marco, se mantienen los textos sobre: principios; derechos respecto a la participación y organización social; a la salud; a la actividad cultural; a las tecnologías de información; al trabajo digno; a la educación; al acceso al sistema financiero; al acceso a la justicia; a la información sobre la libre movilidad responsable y migración segura; así como, obligaciones de las personas jóvenes; acceso a la educación en los centros de rehabilitación social; incentivos de excelencia; residencia estudiantil; porcentaje de contratación obligatoria; permisos para estudios.
En el informe los parlamentarios argumentan que durante el tratamiento del proyecto se observó que los artículos no generan una obligación de asignación de recursos adicionales para su aplicación ni afectan el Presupuesto General del Estado, sino que simplemente implica un acto de reordenamiento interno de los presupuestos establecidos, de acuerdo con el marco de sus competencias, permitiendo una adecuada redistribución del presupuesto asignado y mejorar la calidad del gasto público para garantizar los derechos de la juventud.
Se precisa que las objeciones del Ejecutivo pretenden deslindar la responsabilidad directa del Estado con respecto de los derechos de las personas jóvenes, dejando la responsabilidad del ejercicio de sus derechos bajo la propia responsabilidad de este sector poblacional. Este enfoque genera una desarmonía con los derechos, principios y garantías constitucionales en particular con lo establecido en el artículo 39 de la Constitución de la República.
Además, el Ejecutivo no expone razones de orden constitucional que justifiquen una posible afectación a las normas constitucionales, en particular a los artículos 135 y 287 de la Constitución respecto al incremento del gasto público; al contrario las objeciones podrían generar regresión de derechos constitucionales al deslindar la responsabilidad del Estado y no garantizar a las personas jóvenes el acceso a la educación, salud, vivienda, flexibilidad horaria, permisos para estudios, libertad de expresión y asociación.
La normativa está orientada a reconocer las particularidades de los jóvenes en el territorio nacional y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los existentes en el sistema jurídico, para promover el goce efectivo de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
JLVN/pv
