La Comisión de Soberanía y Seguridad avanzó en el tratamiento de los textos reformatorios a la Ley de Seguridad Pública, que se incluirán en el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral.
En esta ocasión, los comisionados trataron temas como el sicariato, reclutamiento a menores, tenencia de armas y extorsión, en caso de conducta agravada. El análisis considera las circunstancias de la infracción y el incremento de la pena.
La propuesta endurece las penas si el delito se comete desde un centro de privación de libertad como parte de delincuencia organizada, delincuencia transnacional, organizaciones narcotraficantes y miembros terroristas.
También, se debatió sobre la organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Sobre el particular se plantea que la persona que directa o indirectamente financie, organice, dirija, disponga, ordene, administre, actividades a personas o grupos de personas dedicadas a la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización sea sancionada con pena privativa de libertad de 16 a 19 años.
El presidente de la comisión, Ramiro Narváez señaló que en el marco de la revisión de los textos del proyecto existen temas que requieren de un extenso debate.
ES/pv
