La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó la recepción de pruebas testimoniales en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud Pública, Ximena Garzón, propuesta por los asambleístas Nathalie Viteri y Ricardo Vanegas, por presunto incumplimiento de funciones.
Paola Valencia, paciente con enfermedad catastrófica, aseguró que tuvo que vender su vehículo para adquirir por sí misma las medicinas indispensables para atender su padecimiento, porque en el sistema público no le entregan oportunamente los medicamentos. Añadió que, aparte de la falta de medicinas tiene que hacer cita con cada especialidad para que se le extiendan las recetas para atender su enfermedad.
De su lado, Irene Murillo, gerente de UTA EP, empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato, explicó el rol que cumple en la provisión de medicinas e insumos médicos para los hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Indicó que el último contrato, por 19 millones de dólares, se cumplió parcialmente hasta junio de 2022, con la entrega de productos por 12 millones de dólares, sin embargo, solo se recibió un pago por un millón 800 mil dólares, pese a que el contrato estipula el pago contra entrega. Agregó que mantienen diálogos para alcanzar una terminación del contrato por mutuo acuerdo.
Mientras, Paúl Andrés Espinoza, responsable de tecnología del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), explicó que la empresa Ginsberg se encuentra deshabilitada desde 2017, cuando fue declarada como contratista incumplido. Así mismo, se refirió al catálogo de limpieza hospitalaria, que fue suspendido en 2020, por solicitud del Ministerio de Salud, a esa época, dirigido por Catalina Andramuño.
Finalmente, el exdirector del Seguro de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Hugo Romo, dijo que se opuso a la compra unificada de medicamentos con el Ministerio de Salud Pública, en primer lugar, porque las medicinas que adquieren los hospitales del IESS son específicas y distintas de las que compran el resto de casas de salud del sistema público y, en segundo lugar, porque en muchos rubros resultaba más barato comprar directamente a los laboratorios que a través de empresas públicas como UTA EP.
A los comparecientes les formularon algunas preguntas, tanto los asambleístas solicitantes del juicio político, Nathalie Viteri y Ricardo Vanegas, cuanto la exfuncionaria cuestionada, Ximena Garzón. También respondieron algunas inquietudes de varios miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político, con el propósito de aclarar algunos hechos citados en el juicio político, los cuales permitirán a la mesa evaluar adecuadamente las pruebas actuadas por las partes.
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