Generar acciones para fortalecer la correcta aplicación de la política pública en cuanto a la consecución de la soberanía alimentaria, es uno de los objetivos de la Ley para la Defensa y Desarrollo de la Economía Familiar Campesina, que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional durante la gestión del presidente Virgilio Saquicela.
Este cuerpo normativo busca garantizar el desarrollo de la economía familiar campesina, a través de la implementación de mecanismos de encadenamiento productivo, acceso a mercados, asistencia técnica y financiera para toda la cadena productiva vinculada a este segmento.
Además, contribuye a la recuperación y consolidación de este sector, a la práctica y promoción de sistemas de vida y producción que preservan la biodiversidad; fomenta el desarrollo de las comunidades y de los trabajadores del campo mediante la zonificación de la agricultura, la diversificación de las actividades agropecuarias de las familias campesinas.
También asegura los derechos de acceso a la tierra, al agua y a los recursos naturales en general; a las semillas, a la tecnología apropiada y a los insumos necesarios que estén al alcance de los agricultores; y afianzar a la población que habita los territorios rurales en búsqueda de una ocupación legal y armónica del territorio.
PV
