Con el voto afirmativo de 117 asambleístas, de todas las bancadas políticas, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, mismo que será remitido a la Presidencia de la República para la sanción u objeción.
Esta es la tercera ley que aprueba el Parlamento que contribuyen a enfrentar la preocupante inseguridad y la crisis carcelaria que afectan al país. Anteriormente aprobó la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza y el proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas.
Esta normativa tiene como objetivo combatir con eficiencia la inseguridad que afecta al país de manera articulada con otras normativas legales, como la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza.
La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral previamente socializó el proyecto de ley con diversos sectores relacionados al tema. Escuchó las propuestas de abogados, expertos, docentes universitarios, autoridades de instituciones como el Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerios de Trabajo, de Finanzas, Pan American Development Foundation, Presidencia de la República, Fiscalía y Procuraduría General del Estado.
En ella se reforma varias disposiciones legales relativas a la seguridad pública y del Estado, defensa nacional, derecho penal y procesal penal, Sistema Nacional de Rehabilitación Social, ejecución de penas, desarrollo integral de adolescentes infractores, entre otras, con el propósito de contribuir al cumplimiento del deber primordial del Estado de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral.
Esta ley crea un conjunto de sistemas, políticas, estrategias y acciones que comprenden la defensa de la soberanía territorial, seguridad pública y seguridad ciudadana. Contiene seis ejes para promover un diseño institucional eficaz para la política criminal; un rediseño institucional de las principales entidades del sistema de rehabilitación social; reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado para el fortalecimiento institucional; enmiendas en materia penal y ejecución de penas; la recuperación de activos; y, la conformación de tribunales fijos.
También crea el Consejo Nacional de Política Criminal que se encargará de aprobar la política criminal, articulada al Plan Nacional de Seguridad Integral del Estado, entendida como el conjunto de respuestas que el Estado adopta, de manera integral e intersectorial, para prevenir y enfrentar la delincuencia y criminalidad, para garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de sus habitantes.
El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Integral y ponente del informe, expuso la importancia del proyecto para la seguridad nacional. Aseguró que para su construcción se revisaron todas las consideraciones hechas y se reformaron nueve cuerpos legales, con la intención de darle una respuesta a la demanda y clamor de los ecuatorianos que buscan seguridad.
“En esta ley hemos creado nuevos delitos, endurecido las sanciones, facilitado los métodos de investigación y denuncias para darle agilidad y tranquilidad al eje de justicia y de esta manera evitar que muchos delitos queden impunes”, puntualizó.
La legisladora Mireya Pazmiño, por su parte, se refirió a las acciones que toma el Gobierno en cuanto a seguridad, las cuales calificó de evasivas e irresponsables, al mencionar que la Asamblea ya le entregó al Ejecutivo dos instrumentos legales para combatir la inseguridad, pero que el Gobierno sigue insistiendo en la falta de leyes.
Luis Almeida aseguró que la población en las zonas rurales no puede proteger sus hogares y familias. “La gente quiere el porte de armas”, comentó y pidió que se incluya en la normativa que el porte de armas en hogares y negocios no signifique un delito.
En el debate participaron ocho asambleístas más, quienes coincidieron en señalar que más allá de que la ley no contiene todas las sugerencias hechas previamente, representa una política en materia criminal que el país necesita. Xavier Santos expresó que “todos estamos de acuerdo que sin la voluntad del Gobierno no vamos a poder combatir a la delincuencia, pero nuestro trabajo es hacer las leyes como corresponde”.
FF/pv
Más fotografías:
