El proyecto de Ley Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, aprobado por la Asamblea Nacional, responde a las demandas de la sociedad. Reforma nueve cuerpos legales, enfocados a fortalecer la seguridad pública y del Estado, seguridad ciudadana y defensa.
La legislatura responde de esta manera a las demandas ciudadanas y estableció un marco legal para implementar las políticas públicas con la finalidad de alcanzar los objetivos deseables en cuanto al combate a la criminalidad y en materia de rehabilitación social, con mecanismos que garanticen la seguridad ciudadana, de las personas privadas de la libertad y la de los servidores públicos vinculados con esta materia, la reducción del hacinamiento en centros de privación de la libertad, entre otros.
Estableció como tipos penales y conductas agravadas el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes que sanciona con una pena de 10 a 13 años y de 13 a 16 años cuando tenga relación con graves delito como el narcotráfico, trata de personas y sicariato; la extorsión se agrava cuando es reiterada (vacuna) con una pena de 7 a 10 años.
Por intimidación de 3 a 5 años cuando se realiza contra un servidor público; por robo, se agrava con pena de 5 a 7 años en caso de fuerza contra las personas: 7 a 10 años sobre bienes públicos; 10 a 13 años sobre material bélico. Se clarifica el tipo de terrorismo y se establecen conductas agravadas que van con penas de 13 a 16 años.
También sanciona la fabricación, transporte, adquisición de armas y explosivos prohibidos o no autorizados; el robo de armas en instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En temas de investigación y para facilitar el eje de justicia se establece la denuncia telemática con identidad reservada (denuncia anónima); además se actúa para reformar temas vinculados con la cooperación eficaz, para que se puedan agilizar los procesos y puedan ser más efectivos, se establecen bases de datos biométricos para los delitos sexuales y la toma indirecta de muestras en caso de negativa a registrase.
Se amplía de 24 a 48 horas el plazo de la flagrancia en caso de persecución para que los delitos no queden en la impunidad.
Se mejora la gestión de bienes que son incautados y decomisados para que sean administrados adecuadamente, cuyos fondos serán utilizados el 60% para la reparación integral; el 20% para las entidades de seguridad; y, un 20% para el ente rector de la política criminal.
Cuando un menor está dentro del programa socioeducativo y cumple su mayoría de edad debe ser separado de los niños y niñas; y cuando una persona cumple la mayoría de edad y está en los programas socieducativos y dentro de estos espacios comete un delito será procesado penalmente y una vez termine el programa será trasladado a las prisiones para que cumpla la pena respectiva acorde a la falta cometida.
Este proyecto es el resultado de un trabajo colectivo con deliberación informada con 10 instituciones y 30 delegados.
RSA/pv
