El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, aprobado este jueves por el Pleno de la Asamblea Nacional, propone la creación de una política criminal para solucionar la principal preocupación de los ecuatorianos: la inseguridad ciudadana.
En gran medida, la norma se enfoca en la política criminal definida como el conjunto de respuestas que el Estado adopta, de manera integral e intersectorial, para prevenir y enfrentar la delincuencia y criminalidad, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de sus habitantes.
A decir del presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Ramiro Narváez, esto permitirá entender al delito, saber cómo opera, quiénes son sus aliados, definir la mejor forma de combatirlo y plantear acciones coordinadas para prevenirlo.
El proyecto crea el Consejo Nacional de Política Criminal que estará conformado por 15 representantes de instituciones relacionadas con seguridad, defensa nacional, derechos humanos, justicia y el Sistema Nacional de Inteligencia y Rehabilitación Social; además, participarán delegados de la Función Judicial y el sector social para trabajar en la prevención y asegurar la coordinación de acciones.
También establece que el ente rector de la política criminal y derechos humanos actuará como secretaría técnica del Consejo y que, además de elaborar el Plan Nacional de Política Criminal, se encargue de su ejecución y cumplimiento.
Finalmente, reforma diversos cuerpos legales con la finalidad de reestructurar el Sistema de Rehabilitación Social. Entre los aspectos más relevantes, la iniciativa otorga al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) el rango de ministerio, incrementa las penas de acuerdo con el delito, modifica los tipos penales y conductas gravadas, establece un régimen disciplinario para los reclusos; y, determina que los centros de privación de libertad sean parte de las zonas de seguridad para priorizar el apoyo de las Fuerzas Armadas, de forma temporal, en casos especiales.
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