La comisión legislativa inició el estudio de nueve propuestas de ley, que abarcan diferentes temas. Se trata de tres reformatorias al Código Orgánico Integral Penal, dos referentes a instituciones del Estado como la Contraloría y la Asamblea Nacional, un proyecto reformatorio al Código Civil y uno reformatorio al Código General de Procesos.
La asambleísta Esther Cuesta propuso un proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa que regula la Participación Ciudadana, las sesiones virtuales y el teletrabajo, mismo que está basado en tres ejes, el primero es una reforma que evite que las autoridades que dan su versión ante el Pleno de la Asamblea o las comisiones, después de su comparecencia puedan retirarse sin responder cualquier inquietud posterior.
El segundo es garantizar la participación por medio de medios telemáticos a asambleístas en condición prioritaria, que estén bajo cuidado, embarazo, parto, puerperio, lactancia o por razones de fuerza mayor. De igual manera garantizar la participación ciudadana dentro y fuera del Ecuador, permitiendo a los asambleístas de las circunscripciones del exterior puedan participar de las comisiones y del Pleno cuando están en su jurisdicción.
Y el tercero es que, la Asamblea Nacional desarrolle plataformas propias para la transmisión de comisiones y sesiones del Pleno, que tengan la posibilidad de recibir comentarios y aportes ciudadanos que puedan ser procesados y que las comisiones tengan acceso a estos aportes.
Ana Belén Cordero, por su parte, propuso un proyecto de reformas al Código Civil, para que la suscripción de promesas de compra - venta de bienes inmuebles tenga la libertad de ser hecha bajo escritura pública o por un instrumento privado legalmente exigible.
La finalidad de la reforma es reducir los gastos para quienes suscriben estos documentos, sin afectar los ingresos notariales, considerando que las promesas de compra - venta representan el 5,2% de los tramites notariales que se realizan.
Los legisladores Ángel Maita, Fernando Cabascango y Mario Ruiz presentaron tres proyectos que reforman el Código Orgánico Integral Penal. El primero con el fin de garantizar el archivo de las investigaciones previas, cuando se vence el plazo previsto en la ley para realizar investigaciones necesarias en busca de las condiciones para iniciar un proceso penal.
El segundo busca prevenir la criminalización de las personas que ejercen un derecho constitucional a la protesta o defensa de sus territorios.
El tercer proyecto referente rehabilitación integral y reinserción social de las personas privadas de libertad, con el fin de que puedan continuar con una formación académica y también que sean capacitadas para que puedan generar emprendimientos, como parte del proceso de rehabilitación.
Por parte de Mario Ruiz también se presentó un proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría, tendiente a ampliar los plazos y términos de prescripción de los procesos, además de evitar que los ciudadanos que están siendo procesados busquen en órganos judiciales la declaración de vencimientos de plazo.
Finalmente la legisladora Pierina Correa presentó un proyecto de reformas al Código General de Procesos, para garantizar que los testamentos que se realizan en el exterior puedan ser reconocidos por los registradores de la propiedad en el Ecuador. La legisladora aseguró que no existe un proceso ágil para que estos puedan ser homologados y validados.
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