En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los presidentes de la Función de Transparencia, César Córdova y del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, así como el Defensor Público, Angel Torres Machuca y la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, presentaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional el Informe Anual de Labores ejecutadas durante el año 2022.
César Córdova subrayó que las ocho entidades que integran la Función de Transparencia impulsan acciones continuas, integrales y sistemáticas por una administración pública transparente y responsable.
Su objetivo absoluto, recalcó, es elevar la calidad y supervivencia de la democracia, mediante la implementación de mecanismos de interacción y cooperación interinstitucional tendientes a prevenir, limitar y sancionar los actos irregulares e ilícitos que siempre devienen en contra del interés y recursos públicos, es decir, en contra del bienestar social.
Informó que con el liderazgo de la Contraloría General del Estado, a través de la aplicación de la metodología IntoSaint, misma que tiene un enfoque preventivo y que permite realizar un análisis de riesgos en integridad para evaluar el nivel de madurez de los sistemas de control interno e identificar medidas orientadas a fortalecer la gestión de la integridad institucional, realizaron autoevaluaciones a 4 de las 8 instituciones que forman parte de esta función y que para este año se proyecta la implementación de la metodología en otras instituciones del sector público.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, dividió su exposición en cinco líneas de acción: lucha contra la corrupción; fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales; independencia judicial y control disciplinario; y, fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual.
El funcionario enfatizó que el 2022 marca un hito importante en la gestión institucional, que se encuentra en la línea de acción de lucha contra la corrupción, que puso en operación las dependencias judiciales con competencia en delitos de corrupción y crimen organizado, siendo un hecho inédito en el sistema de justicia, al contar con jueces especializados para el tratamiento de estos delitos, quienes fueron escogidos a partir de un riguroso, transparente y estricto proceso de selección
Destacó la creación de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y Crimen Organizado, además de la selección de 14 jueces para el tratamiento de estos delitos.
Además, que la justicia especializada en materia de violencia de género cuenta con 39 unidades judiciales que atienden potencialmente al 69% de la población nacional en las 24 provincias del país, cubriendo a 54 cantones, entre ellos a los más poblados o que presentan mayores índices de violencia. El restante 31% de la población está atendida por 133 unidades judiciales que comparten competencia en esta materia, añadió.
De su lado, Ángel Torres Machuca, defensor Público, señaló que su administración posibilitó el acceso a la justicia y la defensa técnica y gratuita en las 24 provincias del país con responsabilidad, oportunidad y eficiencia. Habló de los 18 logros de su administración, entre ellos, la implementación de la Ley de Defensoría Pública con reglas claras para organizar los servicios y permitió crear la Escuela Defensorial para viabilizar procesos de formación continuos y defensa de calidad.
También se refirió a la renovación de la infraestructura tecnológica y la incorporación de profesionales de Psicología para la atención a víctimas de violencia de género en las provincias con mayor incidencia de este fenómeno, así como la incorporación de defensores públicos en varios cantones; la continuación del proyecto Ruta de los Derechos, tercera etapa, mediante unidades móviles; elaboración de protocolos de atención para grupos vulnerables y minoritarios con 304.450 atenciones ciudadanas, de ellas 101.955 corresponden a materia no penal y en materia penal prestó servicio a 132.400 personas, mientras que en movilidad humana atendió a 4.757 usuarios.
La jornada concluyó con la rendición de cuentas de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien indicó que el último año se crearon 13 fiscalías, de ellas, tres son especializadas en violencia de género, 2 en investigación patrimonial sobre la extinción de dominio, una en accidentes de tránsito, 1 en transparencia y lucha contra la corrupción, 1 en ciberdelito y 1 en medio ambiente.
Diana Salazar dijo que uno de los pilares fundamentales fue la transparencia, encaminada a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción en la lucha contra la corrupción. Precisó que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción gestionó 301 casos. Los delitos de mayor incidencia que se tramitaron en esta unidad son: concusión, tráfico de influencias, peculado, cohecho, asociación ilícita, entre otros.
En el eje de efectividad, explicó que enfocó sus esfuerzos en fortalecer los procesos de atención al usuario, cobertura y gestión institucional para llegar a la verdad procesal y a la reducción de la impunidad. A través del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes, se atendió a 2.760 personas, asegurando su participación durante las diferentes etapas del proceso penal. Los delitos de mayor incidencia en las personas protegidas son violación 378, abuso sexual 184, intimidación 101, asesinato 98 y otros delitos 476, añadió.
Por último manifestó que en el tema innovación tomaron acciones para reestructurar procesos administrativos y misionales que permiten generar cambios en los procedimientos, a través de una administración del talento humano, gestión y administración eficiente de recursos, apoyados en la tecnología, en la cooperación y en la creación de grupos interinstitucionales.
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