Con la participación de Esteban Fuertes, asesor de la Procuraduría General del Estado; Eduardo León, abogado litigante en libre ejercicio; y, Fernando Villacís, de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado retomó el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Extinción de Dominio.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo destacó la participación de autoridades, abogados en libre ejercicio, docentes y miembros de la academia que con sus aportes y propuestas contribuyen en la construcción de las leyes en favor del Ecuador.
En representación de la Procuraduría General del Estado, Esteban Fuertes, explicó que es un proyecto no solo con tinte penal, sino que contiene aspectos de orden administrativo y civil, además planteó que se faculte a la Procuraduría a presentar acusación particular y una demanda para que pueda intervenir en todo el proceso de extinción de dominio.
También propuso que este proceso tenga dos fases: la primera que se refiere a la investigación patrimonial que estará a cargo de la Fiscalía General del Estado, y la segunda en el ámbito judicial a cargo de un juez con base en una demanda de la Procuraduría.
De su lado, Eduardo León, abogado litigante y catedrático universitario, resaltó la importancia del proyecto orientado a extinguir el dominio sobre los bienes producto de una actividad ilícita, como el narcotráfico y la trata de personas y pasen a manos del Estado, como parte de la lucha contra la corrupción que es el nuevo enemigo en Latinoamérica.
Carlos Padrón, de Inmobiliar, manifestó que la secretaría tiene especial interés en este proyecto, en razón de que varias de las disposiciones se refieren a la gestión y actividad de este organismo, sugirió que sea el ente rector de la administración y gestión inmobiliaria del sector público el que administre el fondo especial de extinción de dominio y no el director, como establece el proyecto.
Manifestó que el proyecto prevé la enajenación anticipada de bienes como competencia del juez a pedido del fiscal, de oficio o a petición del Procurador del Estado, pero que ninguno de esos organismos tienen conocimiento si los bienes incautados corren el riesgo de perderse o desvalorizarse, por lo que propuso que sea la Secretaría Técnica de Gestión la que presente la información respectiva a las autoridades competentes, para que puedan solicitar la enajenación anticipada.
Asimismo, advirtió que es extremadamente alto el costo de mantenimiento y administración de los bienes incautados, pues deben contratar un seguro y un punto de seguridad que tiene un valor de 35 mil dólares al año, por lo que lo recomendable es que el bien sea monetizado y que en caso de que la persona acusada sea declarada inocente se le devuelva ese valor.
Por último, el presidente de la mesa legislativa solicitó a los comparecientes que remitan las observaciones por escrito que serán evaluadas durante la elaboración del informe para conocimiento del Pleno.
PV
