La Comisión de Garantías Constitucionales inició el proceso de fiscalización respecto de las posibles afectaciones a los derechos de la Asociación de Vivienda “Nuevo Paraíso”, en Imbabura. Para tratar este tema, escuchó a Cecilia Anangonó y Alberto Espinosa, dirigentes de esa asociación; César Córdova, defensor del Pueblo; Diana Apraes, directora del Registro Social; y, María Aguilera, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Cecilia Anangonó indicó que un grupo de 56 familias afrodescendientes y mestizas que salieron de la cárcel se organizaron para ser parte de un plan de vivienda social, en el sector Alpachaca, en la provincia de Imbabura, pero que el Ministerio de Vivienda no les brinda la ayuda. Son 13 años de lucha, donde solo nos ponen trabas para acceder a este anhelado sueño, afirmó, al señalar que para legalizar, la directiva les obliga a pagar 170 dólares, recursos que no disponen.
Alberto Espinosa mencionó que existe vulneración a sus derechos colectivos, ya que por falta de política pública no han logrado concretar este proyecto de vivienda.
César Córdova, defensor del Pueblo, relató las acciones emprendidas desde abril de 2022, ante el municipio, la delegación provincial y Procuraduría, con relación al proyecto de vivienda social de este grupo de personas, a quienes se les ha vulnerado sus derechos al buen vivir, educación, salud, derechos sociales y culturales.
Indicó que existe un convenio tripartito para la construcción de las viviendas, pero que se “pasan la pelotita” entre el Miduvi y el Municipio de Ibarra, sin dar una solución a este problema estructural.
Por su parte, Diana Apraes, directora del Registro Social, dio a conocer las gestiones realizadas ante el pedido de la Asociación Nuevo Paraíso. Señaló que el 15 de agosto de 2022 se realizó una reunión de trabajo con los dirigentes, la Alcaldesa de Ibarra, el Defensor del Pueblo de Imbabura y la Unidad de Registro Social, luego de lo cual se procedió al levantamiento y validación de datos, con la finalidad de gestionar los beneficios sociales de vivienda.
La legisladora Victoria Desintonio discrepó con la información entregada por Diana Apraes, en la medida que no se ha dado respuesta a la vulneración de derechos, mientras que Paola Cabezas consideró oportuno realizar la recalificación, porque algunas personas han sido excluidas.
Entre tanto, María Aguilera, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, indicó que de junio a octubre de 2022 trabajaron en la formulación de la política urbana nacional para garantizar los derechos establecidos en la Constitución, como es el acceso a una vivienda adecuada y reducir el déficit habitacional para personas de escasos recursos económicos.
Recordó que el 17 de diciembre de 2021, la Alcaldía de Ibarra donó el terreno para la construcción de viviendas; en junio de 2022 se diseño el proyecto que será subvencionado por la Agencia Francesa de Desarrollo para la construcción de 54 viviendas 1B. Según el puntaje entregado por la Unidad de Registro Social, el Miduvi realizó 28 inspecciones que corresponden a la Asociación Nuevo Paraíso, mismos que fueron calificados. De este número, 14 expedientes fueron validados, 8 están en proceso de calificación y 6 no tienen información completa.
Señaló que el Miduvi no puede iniciar la construcción de vivienda social mientras la Alcaldía de Ibarra no entregue todas las obras de infraestructura. La legisladora Paola Cabezas replicó que solo se ha atendido a 28 personas, pero que la Asociación la conforman 56.
JLVN/pv
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