El turno fue de la sociedad civil, representada por juristas y representantes de los derechos humanos, quienes acudieron a la Comisión Ocasional de Enmiendas para presentar sus observaciones al proyecto de reforma al artículo 158 de la Constitución. Asimismo, respondieron a las inquietudes de los miembros de la mesa legislativa.
Los primeros en intervenir en la reunión, que se realizó en la Casa Legislativa de Guayaquil, fueron Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Fernando Bastias, experto en derechos humanos, quienes exhortaron a que la comunidad se empodere de los espacios públicos para combatir la delincuencia. Navarrete puso como ejemplo la situación mexicana de Ixtapa, donde gobierno, instituciones públicas, privadas y comerciantes autónomos han logrado articularse para reducir las amenazas criminales.
Fernando Bastias expresó que le preocupa que la enmienda otorgue poderes extraoficiales al Presidente de la República y se violenten los derechos humanos, inclusive, de personas inocentes. “El país necesita que se instauren políticas públicas que garanticen los derechos de los ciudadanos y les devuelva la dignidad”, insistieron.
A este criterio se unieron los juristas Eduardo Argudo, Lyonel Calderón y Daniel Carbo, quienes argumentaron que militarizar al país no es la solución a los problemas de inseguridad y de delincuencia organizada. De igual manera, comentaron que la Constitución vigente faculta al Presidente de la República dictar el estado de excepción y con ello la intervención militar en ocasiones eventuales. Recordaron que la Corte Interamericana rechaza la intervención militar en la seguridad interna de los países, por posibles violaciones a los derechos humanos.
Por su lado, la legisladora, Blanca Sacancela refutó los criterios expuestos, argumentando que el país necesita dar una solución a la grave crisis de violencia causada por la delincuencia. “Es necesario garantizar el respeto a los derechos humanos, pero también atender un clamor ciudadano general que exige combatir al crimen y delincuencia organizada”, dijo.
En la reunión también participó el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, quien informó a los legisladores las acciones que efectúan desde la institución para confrontar a la delincuencia, entre las que mencionó el convenio de puertos seguros para combatir el envió de droga al exterior.
Lamentó que las leyes protejan a los delincuentes y comentó que es necesario reformar la Constitución para frenar las acciones delictivas, a la vez manifestó que trabajan en prevención, en lugares como el Guasmo, La Prosperina y otras zonas vulnerables, de forma articulada con instituciones públicas y ciudadanía para enfrentar a la delincuencia.
Defendió la participación de las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción, puesto que se lograron resultados y no se violaron los derechos humanos, pero que eso no es suficiente, de allí la importancia de la reforma.
Finalmente, la presidenta de la comisión, Isabel Enrríquez insistió en que es urgente que el Ejecutivo trabaje en políticas públicas y criminales para frenar la incursión criminal en el país.
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