En referencia a la aprobación del estudio de impacto ambiental expost para las fases de exploración y explotación de las áreas mineras de Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, la Comisión de Biodiversidad recibió las comparecencias de Gustavo Manrique, ministro del Ambiente; José Moreno y Sandra Rueda, coordinador y procuradora común de Colectivos Sociales de Napo; y, Eduardo Rojas, delegado provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo.
Gustavo Manrique, acompañado de un equipo asesor del ministerio, presentó la información sobre la licencia ambiental para la explotación minera entregada a la empresa Terra Earth Resource S.A., los representares del ministerio sostuvieron que no existe una causal legal para rechazar el proceso de esta empresa, inclusive cuando esta haya sido sancionada en un proceso anterior, porque se incurriría en un tema de discriminación.
Sobre el estado actual de los procesos sancionatorios, aseguraron que la empresa minera cuenta con cinco procesos resueltos y se han hecho 43 revisiones, después de las cuales se han aplicado 24 planes de acción. En cuanto a las suspensiones, mencionaron que el proyecto Tena cuenta con una suspensión vigente, expedida cuando se detectó minería ilegal en el territorio concesionado y seguirá suspendida hasta que se ejecute un plan de acción.
Con respecto a la socialización de los proyectos, indicaron que el ministerio cumplió el respectivo proceso de participación ciudadana en la zona de influencia social directa, en el cual participaron 25 comunidades, de las 69 que fueron invitadas. Aseguraron que se siguieron todos los pasos que exige la normativa, que incluyen publicaciones en prensa escrita y promoción radial.
Washington Varela, presidente de la comisión, cuestionó las respuestas emitidas por los funcionarios y la gestión del ministerio en el tema de la socialización del proyecto Tena. Advirtió que la obligación del Estado, no está solo en invitar a conocer los proyectos, sino en garantizar que las comunidades sepan y entiendan de qué se trata cada uno de ellos.
Por su parte, José Moreno, en representación de los colectivos de Napo, mostró su preocupación ante la licencia otorgada a una empresa que tiene antecedentes de no cumplir los compromisos ambientales. “Basta ver como esta empresa ha venido trabajando dentro de sus concesiones mineras, para entender que no cumple las normativas ambientales y no respeta las sanciones impuestas”, concluyó.
Eduardo Rojas, en su exposición, detalló que los informes del ministerio evidencian el incumplimiento de la empresa en temas ambientales. “En marzo el ministerio reconoce que la empresa no está cumpliendo con la debida explotación minera y dicta medidas provisionales de suspensión de actividad minera, hasta que se subsanen los daños, pero nunca dejaron de operar”, mencionó.
Finalmente, Sandra Rueda precisó que ya existe una sentencia relacionada con el incumplimiento del plan ambiental. “Es incomprensible como se pretende menospreciar el carácter superior de una norma constitucional, hay evidencias claras que hemos presentado durante tres años y se tiene que adoptar medidas”, señaló.
En otro tema, la comisión inició la revisión del texto final del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
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