Este viernes, 3 de febrero, la Comisión de Fiscalización recibió los últimos testimonios en la etapa de actuación de prueba y descargo dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, por supuesto incumplimiento de funciones.
Las últimas versiones fueron de ciudadanos afectados de manera personal o material durante las protestas de junio 2022. Ellos se refirieron a los perjuicios sufridos como consecuencia de la violencia y/o paralizaciones; vulneración a sus derechos y las obligaciones estatales frente a estas transgresiones.
Daniel Elmir, empresario de la construcción, aseveró que las protestas dejaron graves consecuencias en este sector y en el inmobiliario. “Nos afectaron durante 18 días, perdimos 147 millones, provocando la baja contratación de empleo. La protesta no fue pacífica, sino que tuvo actos de vandalismo”, afirmó.
También mencionó la afectación a los productores de lácteos que viven del día a día, cuyos camiones fueron detenidos. “Nosotros exigimos la actuación de la Policía Nacional, porque el Gobierno tiene la obligación de defendernos”, agregó.
Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Ejecutivo Ecuatoriano, se refirió a los costos que les significó el paro nacional. Aseguró que fueron 1.115 millones de dólares, cifra importante, casi el 1.4 del PIB del Ecuador, que ocasionó la pérdida de miles de puestos de empleo en el comercio y la agricultura.
A su criterio, la actuación de la Policía Nacional no necesariamente fue la adecuada, sino lo que podían hacer. La Policía y el Ejército actuaron de manera restringida para controlar las bases. Le llama la atención que se fiscalice una acción orientada a rescatar el orden público y hacer respetar los derechos fundamentales de la Constitución. Preguntó por la fiscalización a los dirigentes del paro que, a su criterio, coartaron los derechos a la libre circulación y a ejercer sus actividades normales diarias.
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