Las asambleístas Lourdes Tibán y Magali Orellana calificaron como una “intromisión del Ejecutivo al trabajo fiscalizador de los asambleístas”, a propósito de la comunicación remitida por el presidente de la República, Rafael Correa, al titular de la Asamblea, Fernando Cordero, referente a los procesos de fiscalización de los legisladores.
Argumentó que dicha misiva pretende que “los legisladores no puedan pedir información a pretexto de fiscalizar a los ministros y que la Constitución establece que es la Asamblea Nacional la que lo debe hacer, mas no los asambleístas”. Indicó que en la parte final se señala que “ha dispuesto a los ministros de Estado que respondan a actos y pedidos que venga solo del Presidente de la Asamblea Nacional, cuyas respuestas serán dadas solo con la autorización de la Presidencia de la República”.
Recordó que el Art. 120 de la Constitución determina que la Asamblea Nacional estará conformada por asambleístas nacionales, provinciales y de las distintas regiones en el extranjero, mismos que tendrán competencias como: posesionar al Presidente y Vicepresidente de la República; declarar la incapacidad física o intelectual del Presidente de la República.
Además informó que el literal 9 de este mismo artículo establece la fiscalización de los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias, facultad que es de los 124 asambleístas y no solo del Presidente de la Asamblea.
De otro lado el prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, acompañado de Lourdes Tibán y Magaly Orellana denunció la supuesta falta de transferencia de fondos provenientes de la Ley de Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y Fortalecimiento de los Gobiernos Seccionales, Ley 010.
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