El asambleísta Xavier Santos presentó el proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que crea la Unidad de Intervención en la Contratación Pública, que tendría como misión la vigilancia de los contratos, con mayor énfasis en proveedores que se sientan afectados en su derecho a la igualdad de oportunidades, trato justo y no discriminatorio en los concursos públicos que realice el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Adicionalmente, esta unidad tendría a su cargo evitar que el Sercop sea el organismo que determine las reglas, juzgue y sancione, sin considerar los reclamos de quienes se consideren afectados. “Hemos detectado que el Sercop es juez y parte en los procesos de contratación pública”, advirtió.
Comentó que según la legislación vigente, esta institución determina la política pública para los procesos de contratación y, a la vez, los procesos que se declaran desiertos o que no se pueden contratar, dejando fuera a la mediana y pequeña empresa y, en especial, a las que representan a la economía popular y solidaria.
La unidad interventora estaría conformada por representantes de la Defensoría Pública, Economía Popular y Solidaria, Sercop, Consejo de Participación Ciudadana, las gobernaciones como representantes del Ejecutivo, así como una veeduría ciudadana.
La propuesta legislativa pasará a la Unidad de Técnica Legislativa previo a la calificación del Consejo de Administración Legislativa y el envío a una de las comisiones especializadas para el estudio y trámite respectivo.
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