En el marco del tratamiento de proyecto unificado de reformas a la Ley de Discapacidades, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió a los asambleístas Pierina Correa, Fernanda Astudillo, Luis Marcillo, Yeseña Guamaní y Diego Esparza, quienes expusieron el alcance de sus iniciativas. Señalaron que el objetivo central es promover la real inclusión de las personas con discapacidad, trato humano y justo, conforme lo determina la Constitución.
Pierina Correa destacó la necesidad de mejorar el texto sobre la recalificación o anulación del registro de personas con discapacidad, a efectos que pueda ser solicitada en cualquier momento, directamente por la persona interesada, por su representante legal o por orden judicial justificada.
Explicó que según la propuesta las personas con discapacidad tendrán derecho a la atención de salud prioritaria y especializada, becas para educación superior y se incrementa del 4 al 8% la inclusión laboral.
La parlamentaria Fernanda Astudillo recordó que en Ecuador el 5,64% de la población tiene alguna discapacidad, según el INEC y según el Conadis 123.226 personas con discapacidad no están registradas, por lo tanto, no reciben los beneficios de la ley.
Precisó que el proyecto establece líneas de crédito preferentes para personas con discapacidad en el sistema financiero, así como facilidad de acceso a vivienda. La normativa protege tanto a ecuatorianos y extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano, así como a los ecuatorianos en el exterior, sus familiares, cónyuges, parejas en unión de hecho, representantes legales y organizaciones sin fines de lucro dedicadas a su cuidado.
De su lado, Luis Macillo expresó que a través de su propuesta plantea deducir el 150% para el cálculo de la base imponible del Impuesto a la Renta, fomentar oportunidades de empleo, garantizar derechos de salud y servicios, promover la inclusión social, fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.
La asambleísta Yeseña Guamaní explicó que su proyecto amplia los derechos de las personas con discapacidad. También propone políticas de prevención de las discapacidades y procurar de manera conjunta con la sociedad y la familia, la equiparación de oportunidades y su integración social. “Es necesario cambiar del 4% al 6% la inclusión de personas con discapacidad para que accedan a la contratación laboral, así como la entrega oportuna de medicamentos, créditos preferentes, accesibilidad al transporte público y a comunicación inclusiva”, agregó.
En cambio, el legislador Diego Esparza aseveró que su propuesta surge de la base social a través de aportes y talleres en las 24 provincias del país, donde participó el Consejo de Discapacidades. Se reforman artículos sobre el objeto, ámbito, fines, principios fundamentales, subsistema nacional para la calificación de la discapacidad, especificaciones sobre la calificación de discapacidad, interconexión de base de datos, educación inclusiva, formación para la transición al ámbito laboral, estabilidad laboral, becas, acceso a vivienda gratuita y jubilación especial por discapacidad con 300 aportaciones sin límite de edad, informó.
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