Como parte de las nuevas comparecencias planificadas por la Comisión por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción en el caso denominado ‘El Gran Padrino’, la fiscal general del Estado, Diana Salazar expuso las acciones emprendidas por la institución una vez que se ha hecho público el informe realizado por Inteligencia Antinarcóticos.
Informó que dispuso realizar un informe de seguimiento y evaluación jurídica de las actuaciones que constan en el expediente publicado, mismo que será trasladado a Quito e impulsado por un agente fiscal especializado en delincuencia organizada transnacional y analizará la pertinencia para la reapertura del caso.
Este informe será enviado al Consejo de la Judicatura y a la Policía Nacional para que, conforme a las observaciones y conclusiones identificadas en la causa, evalúen las actuaciones del personal a su cargo que participó en la investigación.
Agregó que la decisión de archivar el informe fue decisión de un juez de garantías penales y que al aceptarse el archivo durante la fase de investigación preprocesal debe respetarse la reserva de ley. Advirtió que los progresivos publicados por los medios de comunicación cuentan con declaración de reserva nacional, por ello ha iniciado una investigación previa para determinar los motivos y las personas involucradas en la filtración de la información.
Cuestionó la decisión del Ministerio del Interior de remover a los 37 agentes policiales que participan en la investigación de este caso, por la sensibilidad de la información y los avances obtenidos, sobre todo, en tramas de corrupción.
Finalmente, en comisión general, la legisladora Mónica Palacios entregó a la mesa legislativa información, según dijo, relativa a la presencia de la mafia albanesa en el país.
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