En el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, los parlamentarios escucharon a Solanda Goyes, directora de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, quien planteó un texto alternativo respecto de las atribuciones y competencias de este organismo para la formulación y difusión de la política judicial.
Sugirió incorporar en los programas de capacitación el enfoque de derechos humanos; y, establecer medidas que permitan la identificación de los casos en los que intervengan personas con discapacidad, para que los operadores de justicia observen las mismas.
De su lado, Luis Quinchuela, director de Política Aduanera señaló la necesidad de clarificar el tema de exoneración de tributos y control y determinar si las personas con discapacidad deben pagar tributos o no en la transferencia de dominio. También propuso determinar que la persona con discapacidad tendrá una sola exoneración, ya que la normativa permite una segunda exoneración si además es migrante.
Iván Andrade, director de Política y Normativa de Servicio Público, del Ministerio de Trabajo, dijo que debe haber homogeneidad en la normativa al establecer el porcentaje de personas con discapacidad para que ingresen como servidores públicos. Pidió recoger en la Ley de Servicio Público y en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público el tema de los sustitutos estableciendo con claridad el tiempo. En materia de despidos está de acuerdo con la indemnización de 18 meses, más la general, pero que no se agregue una adicional como es el despido ineficaz.
En cambio, Iván Villareal, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, formuló 15 observaciones a diferentes artículos del proyecto. Entre otros aspectos, mencionó que en la normativa se debe establecer el enfoque de igualdad y no discriminación y no solo un enfoque intergeneracional. En cuanto a la cooperación nacional e internacional planteó incluir la atención y restitución de derechos de las personas con discapacidad.
En otro orden, los parlamentarios avocaron conocimiento de cuatro proyectos de reformas a la Ley de Personas Adultas Mayores, que buscan garantizar el cumplimiento de los derechos de este grupo de atención prioritaria.
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