Fernando Aguirre pide intervención de la Contraloría en contrato para la estabilización del cerro Tamuga en La Josefina

Martes, 16 de octubre del 2012 - 20:38 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El asambleísta Fernando Aguirre denunció que en la provincia del Azuay, a través de una derogatoria de emergencia, se ha entregado un contrato por más de 7 millones de dólares a una empresa elegida “a dedo”, llamada “Equitransa”, para la estabilización del cerro Tamuga, para lo cual pide información a la Contraloría y Procuraduría del Estado.

Aguirre señaló que Equitransa tiene algunos contratos con el Estado ecuatoriano y el 90% de sus acciones, según información del SRI, se halla en paraísos fiscales.

 

Sostuvo que en anteriores administraciones, -como cuando él fue Presidente del Consejo de Programación de Obras Emergentes- se manejaba la estabilización con situaciones de alianzas estratégicas con el Consejo Provincial de Azuay y con los municipios del sector., por lo que “no se puede permitir que hoy se pretenda despilfarrar los dineros del pueblo ecuatoriano”.

Anticipó que solicitará a la Contraloría y a la Procuraduría General del Estado que realicen un examen especial de auditoría y que se determine los autores, cómplices y encubridores del supuesto despilfarro económico. “Seguiré denunciando los actos de corrupción del gobierno y no permitiré que lo que antes le costó cero dólares al pueblo ecuatoriano, hoy se pretenda dar a un costo de 7 millones y medio de dólares”, enfatizó.

De otro lado el legislador Aguirre rechazó la advertencia del presidente de la República, Rafael Correa, de destituir a los ministros que entreguen información que no haya sido requerida a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Afirmó que la disposición de no entregar información carece de fundamento, porque “lo único que ha hecho es arrogarse funciones, violando la norma jurídica y constitucional al tratar de amedrantar a sus ministros pretendiendo inducirles a que se viole la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución”.

“Si viviéramos en un Estado democrático, debería estar planteado el juicio político a Rafael Correa Delgado, por ser cómplice y encubridor de la corrupción y por arrogarse funciones que no le compete”, concluyó.

RSA/pv

 

 

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