El Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos afirmativos, censuró al exministro del Interior, general Patricio Carrillo, una vez que determinó el incumplimiento de funciones en la represión de las movilizaciones de junio de 2022 y por sus actuaciones en torno al femicidio de María Belén Bernal, ocurrido el pasado 11 de septiembre, en la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, la violación de la autonomía universitaria y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como la violencia en varios centros de privación de libertad del país.
La resolución propuesta por la legisladora Jhajaira Urresta incluye que se notifique al Ministerio de Trabajo a fin de que, bajo prevenciones legales, registre la censura y se disponga la prohibición de ejercer cargos en el sector público por el lapso de dos años, de conformidad con lo prescrito en el artículo 85 inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En el texto, además, recuerda a la Función Judicial que la presente resolución es emanada desde el Pleno de la Asamblea Nacional, máximo foro de deliberación pública que representa al pueblo ecuatoriano, razón por la cual se rechaza toda resolución que pretenda interferir con las decisiones democráticas de la Función Legislativa.
Así mismo, dispone colocar una placa en la Comandancia General, Ministerio del Interior y en el arco de ingreso a la Plaza de Ceremonias, con el siguiente texto: "El Ministerio del Interior y la Policía Nacional son instituciones obligadas a garantizar los derechos humanos de los ecuatorianos, por tanto, jamás su actuar puede menoscabar estas prácticas al ser utilizadas para reprimir al pueblo y generar enfrentamientos sociales".
Debate
En el debate participaron 20 asambleístas, quienes reiteraron que los interpelantes demostraron el incumplimiento de funciones, pues el exministro acusó a quienes participaron de las movilizaciones de junio de 2022 de ser terroristas, desconociendo la lucha y el derecho a la protesta social. Recordaron que al inicio no hubo represión, pero todo cambió la segunda semana de paralización y el desmedido uso de la fuerza tuvo como resultado un total de nueve fallecidos.
Sobre el femicidio de María Belén Bernal, subrayaron que las decisiones de la Policía y las acciones seguidas por esta no evitaron que se cometa ese femicidio, pues la autoridad máxima de la Policía, como Ministro del Interior, no tomó acciones frente al clamor de una madre que pedía explicaciones sobre la desaparición de una mujer. Así mismo, hubo criterios en el sentido que, más allá de una protesta social, se dieron actos terroristas, con el uso de armas y atentados contra la propiedad pública y privada.
Los asambleístas Jhajaira Urresta y Peter Calo, en representación de los interpelantes, fundamentaron cada una de las acusaciones. Urresta recordó que el juicio político se promovió por el incumplimiento de funciones, pues Carrillo nunca impartió políticas públicas estratégicas para el buen vivir de los ciudadanos y para que la Policía Nacional sea protegida, de allí la inseguridad que enfrenta la población.
Tras advertir que el Parlamento respeta la institucionalidad de la Policía, aclaró que el juicio político no es contra la institución, sino a quien no la hizo respetar. Expuso la creciente violencia contra las mujeres y la poca importancia dada sobre el femicidio de María Belén Bernal.
“En la gestión de Carrillo hay sangre y muerte, con graves violaciones a los derechos humanos”, precisó Jhajaira Urresta al pedir su censura. En su contrarréplica, dijo que Carrillo se limitó a hablar de la crisis que atraviesa el país históricamente en diferentes frentes.
Por su parte, el legislador Peter Calo enfatizó que hay responsabilidad del exministro Carrillo, por la clara violación a los derechos constitucionales durante la movilización del 13 al 30 de junio de 2022, donde se irrespetó el legítimo derecho a la resistencia y a la protesta, que se evidenció en la violación a los derechos y la pérdida de vidas humanas.
Se refirió al incumplimiento de funciones en materia de derechos humanos, cuando se realizó la requisición en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por parte de la Policía, así como la violación de derechos constitucionales a Leonidas Iza. Dijo que la Policía violó la autonomía de las Universidades Central, Católica y Salesiana para actuar en contra de los ciudadanos movilizados, sin tomar en cuenta que fueron zonas de paz.
En su turno, Patricio Carrillo recordó que en calidad de Ministro propuso contener la tendencia de la violencia criminal, ejecutar política pública con acciones planificadas para cambiar esta realidad, con mecanismos de prevención, evitar la impunidad, tarea que no es cortoplacista sino problema de Estado que debe ser abordado desde su integralidad.
Aseveró que el Ministro del Interior no tiene funciones operativas, respecto del accionar de la Policía Nacional, por tanto, no le pueden endosar responsabilidades que no estaban bajo sus atribuciones y competencias. Expresó que la Policía no utilizó munición letal, sino únicamente material antidisturbios durante el paro de junio 2022.
Al referirse a la desaparición y posterior muerte de María Belén Bernal, dijo que se trata de un caso de un femicida. “No me pueden endosar responsabilidades que no estaban bajo mis atribuciones y competencias como Ministro del Interior”, manifestó.
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