El legislador Bruno Segovia continuó la presentación de documentos de cargo, dentro del tratamiento de su denuncia que, por tráfico de influencias, presentó en contra de la asambleísta Guadalupe Llori.
En la sesión 026 del Comité de Ética, se sumaron al caso más de 30 pruebas, con las que Segovia pretende demostrar la gestión de cargos públicos en la provincia de Orellana, por parte de Llori.
En su exposición ratificó la conversación que sostuvo con la legisladora, en la que le aseveró que "colocó hasta el último teniente político en Orellana", y que, inclusive, pudo constatar directamente la "influencia de la asambleísta en cargos públicos", por lo que solicitó la destitución.
De su lado, Julio César Sarango, en representación de Guadalupe Llori, dijo que el proceso con el que se pretende la destitución de su defendida, no ha cumplido la normativa constitucional ni de la Función Legislativa.
Enfatizó que su defendida no ha gestionado cargos públicos y que la denuncia se basa en supuestos y subjetividades, por lo que solicitó el archivo.
KC/pv
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